Preocupación e indignación es lo que ha provocado entre los municipios canarios la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reducir los partidos judiciales en el país, una medida que, de ser aprobada por el Ministerio de Justicia, provocaría la pérdida de ocho demarcaciones en Canarias, que pasaría de tener diecinueve a once partidos judiciales.
Pese a que los detalles concretos de la propuesta de reagrupación del CGPJ no se conocerá hasta el próximo 3 de mayo, según anunció el gabinete de prensa de este órgano, el mapa que proponen es público desde hace días, y en él se refleja que la isla más afectada sería Tenerife, que pasaría de tener los doce partidos judiciales actuales a siete.
Así, partidos judiciales como el de Granadilla de Abona y el de Güímar se reagruparían con los de Arona y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, una posibilidad que ha provocado que ayuntamientos como el Granadilla de Abona y Güímar hayan aprobado iniciativas en contra de esta propuesta, las cuales han contado con el respaldo incluso de los grupos de la oposición.
En Gran Canaria se pasaría de siete partidos judiciales a cuatro, provocando que Santa María de Guía y Arucas entraran a formar parte de la demarcación de Las Palmas de Gran Canaria.
Para las islas menores, la propuesta es que estas cuenten con un único partido judicial, por lo que La Palma dejaría de contar con sus demarcaciones, la capital y Los Llanos de Aridane.
El objetivo del CGPJ con esta propuesta es el "despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, garantizando un rendimiento idóneo y un aprovechamiento racional de los recursos", según refleja el documento.
Reducción salarial
Esta propuesta ha puesto "en pie de guerra" a los funcionarios de Justicia de los partidos afectados, quienes ven peligrar la estabilidad de sus puestos de trabajo justo en el mismo momento en el que han conocido que su salario podría ser disminuido en un 5 por ciento por segundo año consecutivo, esta vez por iniciativa del Gobierno canario. Esta reducción solo afectaría al Complemento Específico del personal de Justicia, ya que es en el único concepto retributivo en el que tiene competencia el Ejecutivo canario.
Respecto a esta medida, la Junta de Personal de Justicia denunció que el Gobierno regional aún no ha informado a los afectados de cómo se aplicará esta reducción, y exigió que se informe "a los trabajadores ya".
Por ello, los representantes sindicales han destacado que "cualquier aplicación que se calcule sobre conceptos retributivos cuya competencia de abono no corresponda al Gobierno de Canarias se recurrirá, además de ejercitar todas aquellas medidas en defensa de nuestros derechos".