Los habitantes del enclave costero de Santa Lucía y los responsables del Ayuntamiento de Güímar se vieron ayer las caras en los juzgados del municipio a raíz de una denuncia de la corporación como consecuencia del regreso de seis vecinos a sus casas tras el precinto establecido tras el desprendimiento de piedras ocurrido en el verano del año 2011.
El abogado de los imputados, José Luis Langa, anunció ayer que, a la vista de las declaraciones, solicitará el archivo de la denuncia. El letrado indicó que el alcalde, Rafael Yanes, había presentado denuncia, inicialmente, por presuntos delitos de usurpación que, señaló, "han quedado diluidos", pues dijo que, en todo caso, jurídicamente se podría, a partir de ahora, abordar la figura de desobediencia a la autoridad, supuesto que añadió que no se cumple porque los habitantes de Santa Lucía volvieron dos meses después de abandonar sus casas y del decreto del alcalde, cuando ya en la zona no había ni vallado ni señales que les prohibieran el paso.
Situación de riesgo
Por su parte, el alcalde, Rafael Yanes, recordó que decretó el desalojo de este barrio para salvaguardar la seguridad de las personas, y que se puso en conocimiento del juzgado que había personas que regresaron a sus casas en una situación de riesgo para sus vidas.
Durante la mañana de ayer, jueves, Yanes mantuvo un encuentro con sus vecinos a las puertas del juzgado, donde aguardaba un grupo de unas 50 personas en espera de conocer novedades sobre las declaraciones.
A pesar de las diferencias entre ambas partes, el alcalde ya ha acompañado en diferentes ocasiones a los afectados para solicitar soluciones a las administraciones, así como volver a emprender nuevos contactos la próxima semana para recabar financiación para la ejecución de las obras que garanticen la seguridad en esta zona de la Comarca de Agache.