El gobernador de Florida, Rick Scott, firmó hoy, ante representantes del exilio cubano, una ley que prohíbe a los organismos públicos de este estado sureño de Estados Unidos firmar contratos con compañías que negocien con Cuba, así como con Siria.
La firma tuvo lugar en un acto al que acudieron políticos de origen cubano y representantes de grupos de exiliados, así como René García y Michael Bileca, los legisladores que promovieron esta iniciativa
"Los Gobiernos de Cuba y Siria son de los cuatro únicos países que Estados Unidos considera que promocionan el terrorismo y los fondos de los contribuyentes de Florida no deberían servir de manera alguna en potenciarlos", ha dicho hoy Scott al firmar esta controvertida ley.
El acto estuvo cargado de simbolismo, puesto que se celebró en la Torre de la Libertad de Miami, un inmueble inspirado en La Giralda española que forma parte del registro nacional de lugares históricos.
Este edificio está considerado un monumento a la inmigración cubana, ya que aquí se atendió inicialmente a los primeros exiliados que salieron de la isla huyendo del régimen castrista.
"El vergonzoso historial de los Gobiernos de los (hermanos) Castro y de (el presidente de Siria Bashar) al-Assad es innegable: oprimen brutalmente a su gente, apoyan activamente el terrorismo internacional y buscan dañar los intereses de Estados Unidos a cada momento", ha argumentado Scott.
En su opinión, esta nueva ley ayuda a evitar que los contribuyentes financien sin quererlo "dictaduras comprometidas con actos tan despreciables y que niegan la libertad a sus ciudadanos".
"Es imperativo que Florida y Estados Unidos sigan haciendo presión económica sobre ellos", ha insistido el gobernador, convencido de que esta norma "demuestra el compromiso" de este estado con la libertad económica y política en Cuba y en Siria.
El texto, que fue propuesto en febrero pasado, fue aprobado por el poder legislativo de Florida con un apoyo prácticamente unánime, pero ha recibido numerosas críticas por parte de las autoridades de Canadá y Brasil, al tiempo que la Cámara de Comercio de Florida la ha calificado de inconstitucional.
El texto, que también establece medidas en previsión de la ruptura de contratos vigentes si con el tiempo se descubre que una compañía tiene operaciones comerciales con Cuba o Siria, entrará en vigor el próximo 1 de julio.