Los plenos municipales de La Matanza y La Victoria de Acentejo acordaron ayer, lunes, de manera simultánea en dos plenos de carácter extraordinario y urgente, aprobar de manera unánime una alegación conjunta que expresa la negativa de estos dos ayuntamientos al proyecto de subestación eléctrica en Los Nateros y las redes eléctricas por las zonas de medianías.
El documento se estuvo perfilando hasta la mañana de ayer por parte de los alcaldes, Haroldo Martín, por La Victoria, e Ignacio Rodríguez, por La Matanza, respectivamente. Ambos insisten en la necesidad de que los promotores del proyecto recapaciten, lo retiren y trabajen en las alternativas que, a su juicio, "existen y son más viables".
Martín señaló que una infraestructura de estas características "no hace más que afectar a lo único que tenemos, puesto que la agricultura es nuestra única despensa, ya que en nuestro municipio no hay industrias. Esta red pone en riesgo a las futuras generaciones".
La alegación, conformada por diez puntos, fue aprobada por unanimidad en ambas corporaciones, aunque en el caso de La Victoria, el Grupo Socialista no se mostró de acuerdo con el carácter urgente de la sesión.
Sin embargo, el alcalde, Haroldo Martín, consideró que "estamos al límite del plazo para presentar alegaciones, que se cumple este miércoles, máxime cuando hemos tenido solo 20 días para alegar a los cuatro proyectos", lo que ha requerido trabajar sobre este aspecto, incluso los fines de semana.
Asimismo, el alcalde de La Victoria señaló que, en un plazo de diez días, se presentarán las alegaciones a la memoria ambiental, uno de esos cuatro proyectos que conforman la subestación.
No obstante, señaló que "la voluntad de ambos ayuntamientos es de absoluto rechazo a esta subestación, algo que no vamos a permitir", pues indicó que también se cuenta a partir de ahora con el respaldo de todas las fuerzas políticas en ambos municipios y la previsible adhesión de otras instituciones a partir de este acuerdo plenario.
El documento aprobado ayer por ambas corporaciones incluye diez peticiones dirigidas al Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y a Red Eléctrica Española, solicitando la paralización del documento que en la actualidad se encuentra en trámite, así como la retirada del proyecto y el cumplimiento de la planificación vigente, que según el acuerdo de ambas instituciones, se incumple en todos los ámbitos de aplicación de la ordenación del territorio, así como aplicar las alternativas más asequibles existentes, porque tienen un menor coste ambiental porque consideran que esta planificación no se justifica. Además, se hace un llamamiento al Cabildo, ayuntamientos de la Isla y a los ciudadanos en general para que apoyen sus reivindicaciones.