El Ministerio de Hacienda ha aprobado el plan de ajuste de La Laguna presentado por el Ayuntamiento en el que se contempla un conjunto de medidas, tanto en el capítulo de ingresos como de gastos, con una duración de 10 años, es decir, desde 2012 hasta 2022.

El concejal de Hacienda, Antonio Pérez-Godiño, subraya en una nota que el conjunto de medidas que se han reflejado son "numerosas y extensas" pero, en general, todas conducen a un control riguroso del presupuesto municipal en todos sus capítulos, por lo que está "convencido" de que, si se ciñen al guión, el Ayuntamiento estará en la "mejor situación" en los próximos años para acometer los planes de modernización y los de inversión.

"Pensamos que nuestro municipio en los últimos años realizó un gran esfuerzo en la dotación de equipamientos deportivos, en centros ciudadanos, guarderías, parques públicos y demás equipamientos socio-culturales, que han colocado a La Laguna como una ciudad referente en el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma", apunta.

En el capítulo de gastos, señala que existe un compromiso de reducción en la totalidad del capítulo de personal que no afecta a los salarios sino al conjunto de materias de tipo social. Por lo tanto, añade que no están previstos recortes salariales, aunque sí se cumplirá con lo que estaba ya contemplado en el Plan Económico y Financiero, así como en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de ejercicios anteriores para la congelación salarial en los próximos ejercicios. Asimismo, tampoco está prevista la reducción de efectivos.

El plan de ajuste también establece el compromiso de proceder a la realización de auditorías integrales que tengan por objeto analizar la situación del propio Ayuntamiento y de los servicios que gestiona con el fin de diagnosticar la situación actual y tomar las medidas necesarias que conduzcan a su viabilidad en términos económicos y sociales y, de esta forma, cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Asimismo, otro compromiso que incluye el plan es el establecimiento de mecanismos que impidan que puedan adquirirse compromisos económicos sin la previa "constancia y acreditación" de la existencia de un crédito económico "adecuado y suficiente".