El presidente de Red Eléctrica, José Folgado, viajará el próximo lunes a Bolivia para entrevistarse en La Paz con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, después de la decisión del Gobierno boliviano de expropiar la filial española Transportadora de Energía (TDE).
Según puntualizó la empresa por medio de un comunicado, este primer contacto de los directivos de la compañía con representantes del Gobierno boliviano tras el anuncio de la nacionalización servirá para "iniciar las negociaciones para alcanzar una compensación adecuada y defender así los intereses de sus accionistas".
Folgado defenderá las inversiones y mejoras en la red de transporte boliviana, realizadas por Red Eléctrica desde que adquirió TDE en el 2002.
Situación encauzada
Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que la situación "está encauzada", y añadió que le gustaría que Argentina actuara con YPF como ha anunciado que hará Bolivia.
Por su parte, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido comparecer ante la Comisión del ramo en el Congreso para informar sobre este caso.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, la Comisión de Industria tiene convocada una sesión el próximo martes para debatir otros asuntos y a su término pondrá fecha a la comparecencia de Soria.
Asunto biltateral
Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la expropiación de TDE "es un asunto entre España y Bolivia".
En esa línea, el portavoz de este organismo, Gerry Rice, aseveró: "No vamos a entrar en un caso específico, pero lo que hemos dicho en el pasado es que la importancia de un clima de inversión predecible es clave en todos los países y en todas las regiones". A su vez, rechazó que exista una tendencia actual en Latinoamérica de expropiaciones de empresas extranjeras, y destacó que la región "ha disfrutado de altos niveles de inversión directa extranjera en los años recientes".
Por último, diversos analistas económicos del país andino opinaron que la nacionalización fue una reacción "política" del presidente Morales ante el acoso de conflictos sindicales e indígenas, y que no resuelve el desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía en Bolivia.