El Tribunal Supremo (TS) anuló la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de expulsar de la carrera judicial al expresidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, por cuatro infracciones muy graves cometidas al favorecer supuestamente a un narcotraficante.

Aunque el TS consideró que los hechos que se imputaban a Martín carecían de relevancia penal y le absolvió, la vía disciplinaria continuó abierta y el 22 de abril de 2010 el CGPJ apartó al magistrado por unanimidad de la carrera judicial a propuesta de la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces. Martín recurrió esa decisión y el Supremo le da ahora la razón al estimar que el procedimiento disciplinario que le fue abierto caducó el 15 de agosto de 2006, "por lo que todas las actuaciones (...) producidas después de la caducidad carecen ya de cobertura legal", incluida la decisión del pleno del CGPJ de expulsarle.

En la sentencia, el alto tribunal anula y deja sin efecto las resoluciones del CGPJ, "declarando el derecho del recurrente a ser restablecido en todos los derechos administrativos y estatutarios que le correspondían en el momento de dictarse esta resolución de separación de la carrera judicial".

La decisión del Supremo, sin embargo, cuenta con el voto particular discrepante de cuatro de los nueve magistrados que firman la sentencia, que consideran que, pese a haberse superado el plazo establecido para concluirlo, el expediente disciplinario no caducó, ya que el instructor del mismo tuvo que suspender su investigación mientras se instruía la causa penal contra Martín.

Los hechos por los que el magistrado fue investigado, y por los que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le condenó en primera instancia a un año y medio de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, se remontan a 2005. Según la sentencia del tribunal canario, luego revocada por el Supremo, Martín dio instrucciones al empresario Wilebaldo Luis Yanes, amigo suyo, sobre cómo debía actuar el narcotraficante Rafael Bornia para que se le concediera la libertad con fianza en una vista en la que él sabía que iba a ser el magistrado presidente. Además, momentos antes de iniciarse la vista, el 28 de julio de 2005, el magistrado se acercó al fiscal antidroga Javier García Cabañas y le preguntó por la posibilidad de que la Fiscalía, modificando su criterio anterior, pidiese la libertad de Bornia.