La polémica por la ampliación del colegio La Salle acabará siendo dilucidada por la Justicia. Así lo señalaron ayer a EL DÍA fuentes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento santacrucero, que abrió expediente al centro docente por detectar unas obras que no contaban con todos los permisos pertinentes.
Dichas fuentes indican que ya se ha cerrado el plazo de tres meses otorgado por el consistorio al colegio para que presentase la documentación necesaria para legalizar la parte de la actuación que no contaba con los permisos pertinentes.
Llegado a este punto, desde el consistorio se señala que no ha quedado más remedio que dejarlo todo a expensas de la decisión de la Justicia, tras el recurso presentado en su momento por el colegio respecto al expediente abierto por la Gerencia de Urbanismo, que incluía, incluso, una posible demolición de lo ampliado, aunque este paso no se ha dado ni se ha aprobado.
Aunque ha preferido hasta ahora mantener un cauteloso silencio, el centro docente ha insistido en que realizó las obras de forma legal y amparado por el Plan General.
"Sin sostén legal"
Felipe Campos, abogado que denunció lo ocurrido, sostiene que los trabajos se hicieron confiando en que se aprobaría el PGO propuesto hasta ahora, pero que, de momento, no se cuenta con "sostén legal" salvo que se respalde el polémico plan contemplado.
El propio PP en el ayuntamiento ha salido en defensa del colegio y ha advertido de que esta situación se da en otros casos y que lo que verdaderamente urge desde hace tiempo es aprobar el PGO para evitar estas situaciones y que se pierdan posibles futuras inversiones en la ciudad.
Según ha podido saber EL DÍA, Urbanismo y el centro se han reunido en diversas ocasiones para tratar de solucionar la situación, pero ha resultado imposible pese a que no existían excesivas dificultades ni exigencias técnicas para legalizar todo lo que carece de los pertinentes permisos.
De momento, una de las consecuencias directas de esta paralización y de que todo dependa ahora de la decisión judicial es que la empresa Innova, que ganó el concurso para explotar el amplio gimnasio habilitado en las instalaciones ampliadas, comenzó a retirar el pasado miércoles su equipamiento ante la imposibilidad de rentabilizarlo.