El gobierno de Santa Cruz tiene previsto llevar a pleno el Plan General de la ciudad a finales de este mes, en una esperada sesión extraordinaria que, con total seguridad, deparará polémica. El concejal de Política Territorial, el socialista José Ángel Martín, indicó ayer a EL DÍA que ésa es la fecha más probable que barajan en estos momentos, si bien no se puede prolongar más allá del 23 de junio al tratarse del tope otorgado por la Cotmac para modificar los 45 aspectos detectados con errores por la comisión regional.
Martín asegura que la intención del gobierno pasa por mantener su hoja de ruta y aprobar el PGO suspendiendo aquellos ámbitos que, por cuestiones o dudas de legalidad, como el fuera de ordenación, Costa Cardón y otros ejemplos, pueden o deben ser resueltos a posteriori. Según recalca, el gobierno esgrime un informe técnico interior que asegura que, salvo en esos casos (y siempre por razones legales), no se pueden introducir otras modificaciones en el PGO, lo que, con toda probabilidad, será rechazo por la Plataforma en contra del plan.
No obstante, el edil deja claro que aún están abiertos a recibir el dictamen jurídico que dicha entidad pretende costear con apoyos populares para demostrar que la Cotmac no puede suspender ámbitos y que, por tanto, se estaría aprobando el polémico PGO de Zerolo. El gobierno, por el contrario, insiste en que la Cotmac sí puede suspender al tratarse de cuestiones de interés general.
Martín remarca que esta disponibilidad a admitir el dictamen jurídico alternativo es una nueva deferencia del gobierno hacia la Plataforma porque ya han pasado las siete semanas otorgadas en su momento, aunque recalca que, de presentarse, los técnicos locales informarán de dicho documento.
Según los cálculos que se manejan, cada vez más concretos, el fuera de ordenación afecta a entre 73.000 y 80.000 personas