Aunque advierte de que "hay que discutirlo con los rectores", el consejero de Educación del Gobierno autónomo, José Miguel Pérez, se mostró ayer partidario de que las universidades canarias retrasen o ralenticen sus proyectos de infraestructuras para orientar preferentemente sus recursos -que se verán muy mermados tras los recortes que el Ejecutivo central ha exigido al regional- a las que considera prioridades fundamentales: el mantenimiento de la plantilla docente y la amortiguación de la subida de las tasas para no perjudicar así el acceso a la enseñanza superior.
Pérez puso como ejemplo lo que su departamento ha hecho con la educación no universitaria. "Antes de tocar el derecho a estudiar y a la plantilla de profesorado, mejor tocar todo lo demás", dijo.
El consejero realizó estas manifestaciones en el patio del Parlamento de Canarias, donde poco antes había descrito como "una tormenta en un vaso de agua" la polémica generada tras el fallido intento de centralizar en la Universidad de Las Palmas el procedimiento de preinscripción de alumnos en el distrito universitario único.