La viceconsejera de Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, expresó ayer el compromiso del departamento regional de iniciar el expediente de caducidad de las cinco canteras de extracción de áridos ubicadas en Güímar.

Señaló que la Consejería buscará una respuesta desde el más estricto cumplimiento de la Ley de Minas y el Reglamento General de la Minería, que "da soluciones a este atentado". En este sentido, la viceconsejera señaló que este texto legislativo "contempla la posibilidad de que, quien pica, pague, y devuelva la situación a su estado primitivo, algo que en Güímar aún no ha ocurrido".

Al respecto, comentó que la forma de avanzar por parte de la Administración autonómica será a través de la "caducidad de cada uno de los expedientes que están en marcha y señaló que, a pesar de que la crisis no permite la inversión de fondos públicos, "sí podemos adoptar decisiones o abreviar procedimientos, para sacar adelante asuntos anclados en el tiempo".

De esta manera, señaló que "el inicio de estos expedientes de caducidad, que se abordarán con carácter urgente, para un asunto que sigue vigente aún, será una condición indispensable para que no sea un freno a otras decisiones que permitan la recuperación del campo de Güímar, frente a los tremendos socavones que podemos ver hoy en día".

Luengo calificó las consecuencias de esta actividad de "atentado a la naturaleza y transgresión al medio ambiente, algo que no es posible admitir en este siglo", pues aclaró que la extracción de áridos o la producción de energía "no deben estar reñidos con el medio ambiente".

El alcalde de Güímar, el socialista Rafael Yanes, puntualizó que tras el proceso de precintado de 2001, lo que calificó como "el mayor atentado ecológico de Canarias, ahora el objetivo será la recuperación de los terrenos que aún tienen un uso extractivo, para su consideración agropecuaria".

Al respecto, señaló que el Cabildo ha modificado en tres ocasiones el PIOT para ese objetivo, por lo que "se persigue la sustitución del plan extractivo por otro de restauración del paisaje y canalización de los barrancos", aspecto en el que es necesario un paso previo, el anunciado inicio del expediente de caducidad.

Por su parte, el presidente de la asociación por la defensa de los barrancos de Güímar, Juan Antonio Rodríguez, señaló ante el anuncio de la viceconsejera: "Si se cumple lo dicho por Luengo, estaremos satisfechos, porque llevamos muchos años de espera". Así, remarcó: "Nosotros defendemos la agricultura y que el Valle vuelva a ser lo que fue y que tenga un buen futuro".

El alcalde, que calificó el contenido de las palabras de la viceconsejera de "histórico", indicó que se trata del principio de la solución del problema, aunque reconoció que la restauración de los terrenos será muy compleja, "por lo que su realización debe ajustarse a un plan territorial especial dentro del PIOT y que contemple la restauración del paisaje", aplicando medidas complejas que ya se han adoptado en otros lugares del planeta y que requerirán una inversión de fondos europeos, "siempre bajo la condición de que la restauración se debe hacer con el dinero de los que ocasionaron el daño".