Los técnicos locales de las áreas de Medio Ambiente y Servicios de Santa Cruz, departamentos a cargo de Julio Pérez y Dámaso Arteaga, decidirán si una parte relevante de los 45,2 millones de euros que aún ha de invertir la empresa matriz (Sacyr) de la compañía adjudicataria del servicio municipal de aguas (Emmasa) se destinan a la ansiada depuradora de la ciudad. El primer teniente de Alcalde y presidente del consejo de administración de Emmasa indicó ayer a EL DÍA que esos técnicos, que representarán al consistorio junto a estos dos ediles en la comisión creada junto a la compañía para concretar las actuaciones y fechas, deberán sopesar si, ante los recortes estatales que hacen peligrar la financiación de la depuradora, conviene darle prioridad a este proyecto y costear los 23 millones que necesita mediante este dinero al que se comprometió Sacyr al lograr el concurso en 2006, cifra que resultó clave en su elección.

Pérez admite que, en un principio, el ayuntamiento prefería que esos 45,2 millones no se destinasen a obras hidráulicas a financiar por otras administraciones. Sin embargo, cree que la coyuntura actual y los grandes recortes estatales en infraestructuras hidráulicas crean un dilema que deben resolver los técnicos locales.

No obstante, recalca que sí que exigirán a Sacyr que las inversiones que ha de realizar Emmasa en la mejora de la red de agua queden fuera de esos 45,2 millones, al tiempo que insiste en que, lo ideal, es que dicha comisión se reúna cuanto antes y se acelere al máximo la toma de decisiones sobre las obras a realizar.

El gobierno subraya la importancia de esos millones en la actual situación de crisis económica, lo que supondría un relevante impulso para el municipio, más allá de que se trata de una obligación que aún no se ha cumplido por parte de la empresa.

La coyuntura económica es tan relevante que hace tiempo que el gobierno local ha dejado claro que esa inversión no tiene por qué centrares en obras o equipamientos hidráulicos y que puede destinarse a cualquier otra infraestructura o mejora en la ciudad.

La creación de esta comisión surge tras el envío, por parte de Pérez, de una carta a la dirección de Sacyr en Madrid en la que le recordaba dicha obligatoriedad a la compañía, después de seis años en los que no se ha invertido ni uno de esos 45 millones comprometidos. Pérez siempre se ha mostrado abierto a la negociación y flexible ante los plazos, pero también exigente ante una cláusula que, según recuerda, resultó clave para que esta compañía se hiciera con el servicio en 2006, por lo que no cree justo que siga retrasándose y recurriéndose a excusas como la coyuntura económica.

En su respuesta, Sacyr reafirma su compromiso con dicha inversión y trata de facilitar al máximo el acuerdo, aunque los representantes de la empresa han argumentado en diversos consejos de administración que la deuda acumulada por la sociedad (6,4 millones a 31 de diciembre de 2010) y el déficit de 2011 (2,07 millones) dificultan en exceso ese desembolso a corto o medio plazo, aparte de su esfuerzo para no subir las tarifas por encima del IPC.

El gobierno cree ideal que haya premura, consenso y concreción en las actuaciones a desarrollar. Por eso, ha apostado por esta comisión, que no convence a otros grupos de la oposición, que creen que ha llegado el momento de plantearse la recuperación del servicio por incumplimiento de contrato y por cómo se está prestando.