La Plataforma en Contra del PGO de Santa Cruz se ha dirigido a la Fiscalía de la Provincia para solicitar la imputación del secretario del ayuntamiento, Luis Prieto, en la investigación abierta por la supuesta manipulación del documento del plan que se aprobó en enero de 2004 respecto al que se le entregó a los grupos políticos.
El abogado y portavoz de la entidad, Felipe Campos, indicó ayer que "ha quedado constatado que ese documento se modificó. Por eso se ha abierto la investigación tras la denuncia que presentamos y ahora pedimos que se impute al secretario porque era él el encargado de la custodia del PGO".
Asimismo, Campos anuncia que, el pasado lunes, la Plataforma ha encargado a un prestigioso jurista a escala nacional, cuyo nombre prefiere seguir obviando, la redacción del dictamen jurídico alternativo con el que se pretende demostrar la inviabilidad de que se apruebe ahora el PGO y, luego, la Cotmac suspenda los ámbitos que se planteen, tal y como sostiene el Gobierno local y regional.
Campos insiste en que el plan está caducado y que se puede rehacer a partir de esta circunstancia, pero nunca aprobarlo tal y como lo dejó el equipo de Zerolo para luego cambiar cuestiones puntuales, como el fuera de ordenación.
Según recalca, no existe un informe que avale la hoja de ruta local y pide que algún técnico de la Cotmac o el ayuntamiento se moje en este sentido. El dictamen jurídico que han encargado tiene un coste de 25.000 euros. Hasta ahora, la Plataforma ha recaudado 20.000 con aportaciones, en su mayoría, de particulares y gente humilde, según Campos. Ningún sindicato o empresario que habían anunciado su respaldo lo ha hecho y sí partidos como IUC (J. M. Corrales), Nueva Canarias o Ecquo. La entidad quiere traer a la Isla al jurista, lo que cuesta otros 6.000 euros.