El anteproyecto de la Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, con la que el Gobierno regional espera mejorar la recaudación en el Archipiélago en unos 250 millones de euros, aumenta la presión fiscal en multitud de actividades que repercutirán de forma directa o indirecta en el bolsillo de los canarios.

Por ejemplo, la nueva tasa sobre las actividades de inspección y control sanitario "in situ" de carnes frescas grava la inspección y control de este producto, así como el estampillado de canales, cabezas, lenguas, pulmones, hígados y otras vísceras, e investigación de residuos, exigible con ocasión del sacrificio de animales.

Además, recaerá sobre la inspección y control sanitario en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de las piezas obtenidas de las canales, además del control e inspección de la entrada, salida de las carnes almacenadas y de su conservación, excepto las relativas a pequeñas cantidades almacenadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.

La tarifa de esta tasa, variable según el tipo de animal y su peso, va desde 0,005 euros hasta los cinco euros.

Otro caso es la tasa por pesca fresca, que comprende la utilización por los buques pesqueros en actividad y los productos de la pesca marítima fresca de las aguas del puerto, instalaciones de balizamiento, muelles, dársenas, zonas de manipulación y servicios generales de policía.

Los pescadores pagarán el 2% del valor de la pesca obtenido por la venta en subasta, mientras que el valor de la pesca no subastada se determinará por el valor medio obtenido en las subastas de la misma especie realizadas en el día, o en su defecto, y sucesivamente en la semana, mes o año anterior.

Entre otros aspectos, la propuesta del Gobierno contempla que cualquier producto de la pesca fresca sometido a un principio de preparación industrial abonará el 50% de la tarifa y que la pesca fresca transbordada de buque en las aguas del puerto, sin pasar por los muelles, abonará el 75% de la tarifa.

Además, los productos de la pesca fresca que sean autorizados por el Servicio de Puertos a entrar por medios terrestres en la zona portuaria para su subasta o utilización de las instalaciones portuarias abonarán el 50% de la tarifa, y los productos frescos de la pesca descargados y que por cualquier causa no hayan sido vendidos y vuelvan a ser cargados en el buque abonarán el 25% de la tarifa calculada sobre la base del precio medio de venta en ese día de especies similares.

Sorprende también la tasa por solicitar la autorización de utilización de la etiqueta ecológica de la UE, que según el anteproyecto ascenderá a 200 euros.

Entre otras curiosidades, el tipo de gravamen incrementado del 13,5 por ciento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) será el aplicable a la venta, alquiler y exhibición de las películas calificadas X.

La futura norma también grava los depósitos bancarios, las grandes superficies o los servicios de búsqueda, rescate y salvamento que suponga la movilización de medios de la comunidad.