El Gobierno de Canarias ya tiene el pronunciamiento parlamentario que pedía para que los libros de texto dejen de ser gratis para todos los alumnos de los centros financiados con fondos públicos, independientemente de su nivel de renta, y lo sean solo para los que dispongan de menos recursos.

El Parlamento regional dio ayer luz verde a una proposición no de ley presentada por los grupos nacionalista y socialista y enmendada por el grupo mixto (Nueva Canarias) que insta al Ejecutivo autónomo a modificar para el próximo curso escolar el programa de gratuidad de los libros de texto de forma que únicamente accedan a él las familias con menos recursos económicos.

La vuelta atrás en esta medida había sido solicitada por directores de centros y por el Consejo Escolar de Canarias y respaldada tanto por el actual consejero de Educación, José Miguel Pérez (PSOE), como por su antecesora, Milagros Luis Brito (CC). Para que la Administración actuase en este sentido era precisa una resolución de la Cámara regional, dado que fue esta institución la que acordó poner en marcha el programa en el año 2006.

El PP, en contra

Hace justo dos semanas, la diputada del Partido Popular Maribel Oñate ya había presentado una iniciativa similar, aunque finalmente fue rechazada al oponerse su promotora a incluir una reclamación al Gobierno central para que reponga las partidas retiradas para esta y otras políticas educativas, tal y como propuso el resto de fuerzas políticas. Precisamente, el PP fue el único grupo que votó ayer contra la proposición no de ley de socialistas y nacionalistas.

Según Rita Gómez, parlamentaria del PSOE, la Consejería de Educación ya trabaja en la revisión del programa, una tarea que habrá de incorporar el nivel de renta que no podrán superar los beneficiarios de la gratuidad de los libros, que también se extenderá a todo el material escolar. Pero para ello será necesario, indicó Gómez, que el Estado reponga los fondos destinados a este fin. Sin ella, advirtió la socialista, "se pone en peligro hasta garantizar esta prestación para los que menos tienen".

La iniciativa legislativa incorpora la sugerencia de que el Ejecutivo autónomo establezca junto a las federaciones de municipios y cabildos -Fecam y Fecai- un "marco de colaboración y coordinación" que permita establecer un sistema conjunto de becas y ayudas al alumnado, de forma que no se produzcan duplicidades y poder rentabilizar los recursos de las diferentes administraciones.