El Gobierno de Canarias ha anunciado hoy que reforzará la lucha contra el fraude fiscal con un equipo específico formado por 18 trabajadores, que tendrán como principal tarea visitar locales en los que se desarrolla actividad económica para comprobar que cumplen con sus obligaciones tributarias.

El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, ha informado tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se tratará de un grupo "a pie de calle para pedir qué empresas están dadas de alta del Igic porque se parte de la premisa de que están desarrollando actividades por las que están tributando".

Marrero ha explicado que cada departamento cede dos empleados para formar este grupo de trabajo, que en las visitas que realicen requerirán la aportación de documentación que acredite que estos negocios están dados de alta como sujetos pasivos en el Impuesto General Indirecto de Canarias (Igic) y otras figuras tributarias propias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según la documentación del Gobierno, se trata de 18 administrativos y auxiliares administrativos, trasladados de forma provisional para los meses de mayo y junio desde sus centros directivos a la Dirección General de Tributos.

La actuación está integrada en el Plan de Control del Fraude Fiscal, que ha puesto en marcha la Consejería de Economía y Hacienda y Seguridad y la campaña del Gobierno puede prolongarse dependiendo de la evaluación que se haga de los resultados obtenidos en mayo y junio.

En cuanto a la cesión de dos trabajadores de los distintos departamentos, el Gobierno señala que la medida es consecuencia de la aplicación de los acuerdos para la racionalización y distribución de efectivos y puestos de trabajo, impulsada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Añade que la actuación tiene por objetivo a corto plazo localizar personal con cargas de trabajo menos intensas para reubicarlos en lugares o servicios públicos prioritarios en la actual coyuntura y que se encuentran infradotados.

Con la formación de este equipo de trabajo contra el fraude fiscal, el Gobierno entiende que intensifica las labores de localización y lucha contra este tipo de fraude, con el objetivo de evitar comportamientos insolidarios "en los que se eludan obligaciones tributarias, en un momento de importantes restricciones presupuestarias generales que están afectando a la prestación de servicios públicos básicos.".