El gobierno de Santa Cruz (CC y PSOE), junto al principal grupo opositor (PP) y el edil de Ciudadanos, Guillermo Guigou, respaldaron ayer el crédito de 55,1 millones que suscribirá el ayuntamiento gracias al decreto promovido por el Gobierno central para que los consistorios españoles que lo deseen zanjen buena parte de sus deudas con proveedores. El apoyo, sin embargo, no estuvo exento de cierto malestar, lamentos o, incluso, indignación en estos grupos (incluso el PP admitió que algunas cosas no le gustan) porque, debido a las condiciones inflexibles del decreto, se incluyen facturas que el pleno ya rechazó abonar por tratarse de cuestiones pendientes de la Justicia.
En este caso, todos los grupos coincidieron en su contrariedad por tener que incluir siete facturas por un total de 181.702 en favor del empresario Juan Antonio Lerena, cantidad en discusión por el denominado caso Lerena. También desataron un rechazo unánime los 24 pagos, por un global de 162.269 euros, a la compañía Innova Gestión de Calidad Deportiva, pendientes, asimismo, de resolución judicial.
Matices del interventor
Pese a la postura de todos los grupos, el interventor aclaró que, dadas las exigencias y características del decreto, estos pagos se debían incluir al ser reclamados formalmente por los empresarios y al tratarse de cantidades exigibles y vencidas. Además, indicó que el expediente no podía incluir ningún condicionante añadido, si bien Guigou sí logró que, como acuerdo anexo, quedase claro que el consistorio hará todo lo posible por reclamar ese dinero si se produce una resolución judicial en favor del ayuntamiento, postura que ya había adelantado el edil de Hacienda, Alberto Bernabé.
El más crítico y beligerante respecto a estos pagos fue el portavoz de Por Tenerife, José Manuel Corrales, quien, en línea con su rechazo hace meses al plan de ajuste al que obliga este crédito, ayer también votó en contra del expediente que se remitirá ahora a Madrid. Como los demás, Corrales se congratula de que haya casi 400 empresas que cobren un dinero clave para su subsistencia (en concreto, se beneficiarán 3.356 facturas de 387 proveedores, tras rechazarse 253), pero censura que no se pudiera dejar fuera las de Lerena e Innova, así como 300.000 euros más para el equipo que redactó el "bodrio" del PGO, tras haber cobrado ya 6 millones por un documento "que ahora corrigen los técnicos locales".
Además, el edil de Por Tenerife rechaza que se pague a la refinería o que se aporten 1,6 millones a Emmasa cuando su empresa matriz (Sacyr, con un 98% del accionariado) aún debe a la ciudad 45 millones por el contrato del servicio municipal de aguas. Asimismo, barrunta que, aunque se reclame después, el dinero que se le pague a Lerena o Innova difícilmente será recuperado en caso de sentencias favorables a la corporación.
Sí se Puede también rechazó la operación, aunque su portavoz, Pedro Arcila, se mostró más comprensivo ante la "paradoja" a la que se enfrentaba el gobierno. Según recalcó, incluso en ayuntamientos gobernados por IU se toparán con pagos que ese partido no querrá hacer, pero, en general, cree muy positivo que ese dinero llegue a las empresas y a la economía real. Eso sí, votó en contra porque el gobierno local no se comprometió a personarse desde ahora en los casos Lerena e Innova, al tiempo que pidió compensaciones por lo que debe Sacyr y lo pendiente por Urbaser (que ahora cobrará 20 millones) por el alquiler municipal no pagado desde 2007.
El gobierno calificó el paso dado ayer como noticia magnífica para la ciudad "en el peor momento de la crisis", mientras que el edil del PP Alexis Oliva agradeció la medida al Estado, pero advirtió de que el ayuntamiento "sigue" sin hacer los deberes con una reforma estructural local que evite que estas deudas se repitan en el futuro.
LA CLAVE
Interés de casi el 7%
Los 55,1 millones finalmente propuestos por el ayuntamiento y respaldados por el Gobierno central suponen una cifra superior a los 48,9 manejados al principio. Esto dificultará aún más su devolución en 10 años (con dos de carencia iniciales), si bien Bernabé recalcó que, ahora, el consistorio apenas presenta un 39% de deuda. Un porcentaje que, con este crédito, se elevará hasta el 60%, aún muy lejos, sin embargo, del 110% permitido como tope. Eso sí, el concejal, que volvió a ser efusivamente felicitado por ediles tan críticos como Corrales "por su transparencia y competencia", advirtió de que los intereses a pagar no serán del 5% inicialmente previsto, sino, seguramente, superiores al 6% y cercanos al 7. Esto hará que, frente a los 14 millones de intereses con un 5%, la cifra pueda elevarse ahora en 550.000 euros por cada punto que suba, dependiendo de cómo esté el bono del Estado a 10 años el día de la firma del crédito. Este margen para la banca, que comprará al principio al 1%, es el principal motivo ideológico por el que Corrales rechaza la operación. Julio Pérez pidió al PP, especialmente a Pablo Mato, que interceda en Madrid para tratar de reducir o evitar el 1,15% de diferencial a los consistorios o el 0,3 por comisión de apertura. Eso sí, y frente a Alexis Oliva, el primer teniente de alcalde resaltó el apoyo del Estado al plan de ajuste local, lo que no lograron un total de 400 ayuntamientos.