Del vértigo de la convergencia universitaria con Europa a la desazón de enfrentarse a la posibilidad de despedir profesorado y al riesgo de perder alumnado. La crisis económica y los recortes anunciados por el Gobierno central, que se suman a los ya acometidos por el canario, han cambiado por completo el panorama de la Universidad de La Laguna (ULL) y han obligado a su rector, Eduardo Doménech, a dar un giro a las prioridades de la institución.

La ULL ha afrontado varios retos durante los últimos años, el más importante de los cuales ha sido su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es el reto al que se enfrenta ahora?

El reto fundamental es garantizar la estabilidad de la plantilla y que el aumento de las tasas no sea de tal calibre que impida el acceso de los estudiantes a la Universidad.

¿Es un reto por la supervivencia o es demasiado dramático plantearlo en estos términos?

Es un reto por el futuro, porque para nosotros es inasumible la aplicación del real decreto del Gobierno central si el de Canarias lo traslada tal cual. Eso significaría que el recambio generacional que necesita esta universidad, con un alto porcentaje de profesorado con más de sesenta años, no se produciría y, por tanto, la calidad de nuestra docencia se vería afectada.

¿Estaría dispuesto a retrasar o ralentizar los proyectos de infraestructuras para garantizar esas prioridades?

Sin lugar a dudas. Por muy doloroso que sea retrasar la nueva facultad de Bellas Artes, que está en una situación muy mala y que nos gustaría poder terminar, puestos en la tesitura de tener que escoger entre despedir profesorado o no acabar una obra, siempre escogeré la segunda opción.

¿Pueden derivar las medidas del Ministerio en una universidad solo para las élites?

De alguna forma sí. Solo los que tengan una gran capacidad intelectual y un rendimiento muy bueno van a poder acceder a becas, y no solo acceder, sino continuar con ellas. Esperemos que esto se flexibilice, porque si se necesita aprobar un 90% de los créditos para mantener la beca, dada la configuración de los títulos de grado, con una asignatura suspendida no se alcanzaría ese umbral. Por lo tanto, habría menos universitarios procedentes de las clases socioeconómicas más bajas, con toda seguridad, y eso conformaría una élite, bien económica o bien intelectual.

¿Teme que otras administraciones, como los cabildos, reduzcan también sus ayudas al estudio?

Debería haber una acción coordinada entre cabildos, ayuntamientos y Gobierno autónomo para, de alguna forma, suplir en parte el menor número de becas que probablemente haya, porque, aunque sea la misma cantidad, al aumentar las tasas habrá menos becarios. También queremos que se minimice la repercusión de la subida de las tasas sobre el alumnado. Eso solo se puede hacer aumentando las ayudas del Gobierno de Canarias o consiguiendo, con la presión de todas las comunidades autónomas, que se suavice el real decreto. Si no se logra, es necesario que las administraciones autonómicas y locales hagan un esfuerzo que evite que alumnos con un aceptable rendimiento académico se queden fuera de la universidad.

Pero el consejero ha dicho que le va a resultar imposible reponer lo que suprima el Ministerio.

Desconozco si ha hecho esas declaraciones, pero si es así, no las

comparto.

¿Cree que la Consejería dispone de recursos para suplir esos recortes?

No digo la Consejería, sino el Gobierno de Canarias. Si el Gobierno considera que sus prioridades son la educación y la sanidad y, aun así, traslada tal cual el decreto, se va a alinear con el Gobierno central. ¿Qué diferencia habría? En otras comunidades se está diciendo que se va a intentar compensar con fondos autonómicos lo que está haciendo el Gobierno central. Cabe hacer un esfuerzo. Obviamente, si al consejero de Educación no le dejan retocar nada no podrá hacerlo, pero creo que el Gobierno en su conjunto sí podría.

¿Y ve al consejero dispuesto?

Lo que ha dicho es que sus prioridades son que el incremento de las tasas repercuta lo menos posible en los estudiantes y que las plantillas de profesorado estén garantizadas.

¿Los cambios en los criterios de las becas suponen que todas se van a convertir en becas de excelencia?

En la práctica, sí. Las becas de excelencia exigen un poquito más de nota, pero prácticamente solo los alumnos muy buenos van a poder ser becarios.

¿Teme que el Ministerio obligue a suprimir titulaciones con pocos alumnos?

Lo que está haciendo el Gobierno central es marcar una política, pero son las comunidades quienes tienen que aplicarla. Hay un margen de autonomía, de la propia universidad y de las comunidades. Por ello no creo que vaya a convertirse en algo obligatorio suprimir titulaciones, sino más bien en una recomendación en la que se recuerde que en función del número de alumnos se concede una determinada financiación.

¿Tiene margen la Universidad para reducir sueldos?

Solo si llegáramos a un acuerdo, pero eso es muy difícil. No tenemos la capacidad de obligar. Podemos alcanzar acuerdos con los sindicatos, pero un funcionario puede decir que el sindicato no le representa y exigir que se le pague, y no tendríamos posibilidad de no hacerlo.

¿Hay alguna forma de convencer a la Administración de que resulta rentable económicamente prejubilar a un profesor veterano y contratar a un profesor joven?

Esa es una de las cosas que pretendemos conseguir mediante la negociación con el Gobierno. La orden del Gobierno canario dice que no se puede jubilar nadie con menos de 65 años. Si eso es de obligado cumplimiento no podrán llevarse a cabo las prejubilaciones que tenemos previstas ni hacer ningún recambio.

¿Se producirá en breve déficit de profesorado en algunas áreas o facultades?

De hecho, hay áreas en las que el profesorado tienen más de doce horas de dedicación de media, y en otras llegan a veinte. Para esas áreas es necesario contratar, porque si no iría en detrimento de la calidad. Pero la mayor parte de las áreas no precisaría, aplicando el decreto, nueva contratación.

¿Sería más rentable para Canarias tener una única universidad, aunque estuviese implantada en diferentes islas? Me refiero a una fusión más que a la desaparición de una de ellas.

Hay que tener en cuenta la historia reciente, que nos dice que hubo una gran movilización social en Gran Canaria para tener una universidad. No creo que los ciudadanos hayan cambiado de opinión al cabo de veinte años para invertir esta situación. Por lo tanto, no creo que sea planteable una universidad única. Pero el tiempo nos irá imponiendo la necesidad de acciones conjuntas entre las dos universidades para que no haya interferencias ni duplicidades, y sobre todo, será preciso tener titulaciones conjuntas para conseguir el sello de excelencia. Tenemos que sumar masa crítica en las dos universidades. Eso sí.