El pleno previsto celebrar hoy en el salón noble del Ayuntamiento de Santiago del Teide, sesión que comenzará a las 8:30 horas, está envuelto en la polémica debido a que uno de los asuntos del orden del día es la reprobación del alcalde, Juan Damián Gorrín, por haber negado reiteradamente la existencia de un convenio de telecomunicaciones para regular las antenas instaladas en una propiedad privada, como es el Roque de Arguayo. Además, en dicha sesión la oposición instará a Gorrín a que deje sin efecto el convenio que suscribió en su momento al considerarlo que es "ilegal".

En este sentido, miembros de la oposición advierten de las consecuencias legales que podría tener apoyar al presidente de la corporación local en este asunto porque "se podría incurrir en responsabilidad patrimonial".

"La normativa es clara y refleja que en caso de dolo, culpa o negligencia se podrían reclamar las cuantías económicas a los cargos públicos que por acción o por colaboración con el voto afirmativo o abstención en Pleno permitan que la presunta irregularidad se mantenga en el tiempo", destacan ediles.

De este modo, señalan que el convenio de Roque de Arguayo suscrito por el alcalde con una determinada empresa del sector de las telecomunicaciones "no ha contado, al parecer, con expediente administrativo de adjudicación, ni tampoco con informes preceptivos de los técnicos municipales favorables al convenio".

Con sello oficial

"Además, no parece haber constancia de la propiedad municipal del suelo objeto de cesión y de acuerdos previos con los usuarios de los servicios ofrecidos por el ayuntamiento en el Roque de Aguayo, ni negociación sobre su coste económico. De hecho, el alcalde, presuntamente, pretende imponer una tasa que ni siquiera está regulada por una ordenanza municipal en vigor", añaden concejales de la oposición en Santiago del Teide.

"Por si fuera poco, el mandatario ha negado la existencia del acuerdo con la empresa de telecomunicaciones, que, salvo falsificación, está firmado por las partes interesadas y obliga a su cumplimiento desde el día siguiente de la firma, el cual cuenta con membretes y sellos oficiales", explican los ediles denunciantes.

"Asimismo, la empresa parece haber dado el servicio estipulado en el convenio durante varios meses", se señala.