Proliferan las reuniones entre alcaldes de las diferentes comarcas de La Palma en busca de acuerdos que permitan unir servicios y reducir costes. La crisis económica y las medidas que se están adoptando desde la Administración estatal para reorganizar la conformación y, a su vez, el gasto de las instituciones públicas obliga a los ayuntamientos menos poblados de La Palma a ponerse de acuerdo, como alternativa a la temida fusión de municipios que podría afectar a ocho localidades palmeras, según los criterios estatales.

Así lo están haciendo en varias comarcas. Esta misma semana se mantenían nuevas rondas de reuniones en las comarcas de Las Breñas-Mazo, del Noroeste (Tijarafe, Puntagorda y Garafía) y del Valle de Aridane (Los Llanos, El Paso y Tazacorte), aunque en este último caso es más una cuestión de reducción de costes que de posibles fusiones, ya que todos tienen más de 5.000 habitantes.

La intención de los alcaldes es mancomunar servicios de forma definitiva, ajustar números y ofrecer servicios conjuntos, bien sea a través de la Policía Local, como de los Agentes de Desarrollo Local o de la organización de fiestas. Incluso se habla de retocar las fórmulas necesarias para ajustar los servicios de atención domiciliaria, teniendo en cuanta la pérdida de una parte considerable de los fondos que se recibían para cubrir la atención de mayores y familias más necesitadas.

Aún son solo los primeros pasos, pero parece que la intención de mancomunar ha pasado de ser una idea sugerente en discursos políticos a una realidad que se va a plasmar en unos meses en diferentes puntos de La Palma.

La Isla más afectada.- Hay que recordar que dentro de las medidas recogidas en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo español incluye en el Programa de Estabilidad 2012-2015, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril y posteriormente remitido a Bruselas, incluye la fusión o racionalización de ayuntamientos y un reajuste de competencias.

Según los criterios establecidos en ese plan, se deberían fusionar municipios de menos de 5.000 habitantes para ahorrar 10.500 millones de euros en toda España. En Canarias se verían afectados un total de 21 municipios, siendo La Palma la isla con mayor incidencia, con un total de ocho localidades. Concretamente se incluirían Barlovento, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tijarafe y Villa de Mazo.

La Villa de Mazo contaba con 4.986 habitantes a 1 de enero de 2011, últimas cifras oficiales, aunque el ayuntamiento habla de que solo faltan dos para los 5.000 a día de hoy. También se aproxima San Andrés y Sauces, con 4.860 vecinos.

En otras Islas se incluirían tres municipios de Tenerife, tres de Gran Canaria, cuatro de La Gomera, dos de El Hierro y uno de Fuerteventura. Sólo Lanzarote quedaría excluida al contar todos sus municipios con más de 5.000 habitantes.

Reunión de alcaldes.- El comisionado de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en La Palma y alcalde de Puntagorda, confirmó a EL DÍA los contactos que están habiendo en estos días entre los municipios de las diferentes comarcas de la Isla. Algo que, según valoró, "tenía que haberse hecho antes". Rodríguez aclaró que "buscamos la manera de repartir servicios, de ver quién asume cada función, aunque no hay que esconder que en algunos casos es complejo por las distancias entre municipios". El Noroeste es un ejemplo de la complejidad del proceso. Se trata de un territorio de más de 200 kilómetros cuadrados, desde el barrio de Amagar (Tijarafe) hasta Franceses (Garafía), en donde coinciden las peores comunicaciones de la Isla y la menor densidad poblacional (viviendas muy dispersas). El alcalde puntagordero afirmó que "plantear la desaparición de ayuntamientos utilizando solo criterios poblacionales no soluciona nada". Considera inviable unir municipios tan dispersos porque "mermarían los servicios que prestamos a los ciudadanos".

Rechazo general.- Al respecto, desde el Gobierno de Canarias se afirmó recientemente que se tiene previsto abordar a lo largo de los próximos meses un plan regional de reorganización de la Administración pública en el Archipiélago, con el fin principal de evitar duplicidades.

En cualquier caso, el Ejecutivo canario y la Fecam coinciden en su oposición y consideran que las singularidades del Archipiélago, así como las peculiaridades geográficas y orográficas, hacen innecesaria las fusiones en las islas. Entienden que lo que procede es una mayor eficiencia, con medidas para mancomunar servicios, pero no suprimir ayuntamientos.