Hoy concluye oficialmente el plazo estipulado en los convenios suscritos para que el Gobierno de Canarias transfiera al Cabildo de Tenerife las cantidades correspondientes destinadas a los centros de menores y de menores inmigrantes de la Isla. La situación en estos servicios es "tan dramática" que "de no recibir ese dinero durante esta semana, en algunos casos no se podrá ni sostener a los trabajadores".

Durante los cuatro meses y medio transcurridos del año, los centros mencionados no han cobrado las cantidad que tienen atribuidas en sus convenios, salvo algunos, que han llegado a percibir "el 10% de lo que les debían". Pero ese dinero "ni siquiera lo llegaron a ver, porque el banco se quedó con él para atender la deuda contraída por el crédito que suscribieron para poder seguir funcionando", préstamo al que tuvieron que acudir "como consecuencia de que no cobrábamos lo que nos tenían que pagar".

La falta de recursos económicos ha deteriorado aún más la situación denunciada públicamente hace casi un mes. "Si hoy o mañana (por ayer y hoy) no cobramos, no sabemos cómo vamos a seguir abiertos", señalaron algunos de los afectados, si bien otros fueron un poco menos drásticos en su valoración y prolongaron "el estado de aguante" hasta el final de la semana. "Lo que está claro es que así no podemos continuar", expresión en la que resumieron el conflicto "al que nos estamos viendo abocados".

La deuda contraída por las administraciones con estos centros de menores y de menores inmigrantes supera el millón de euros. La financiación corresponde al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife que, a su vez, recibe las aportaciones económicas del Gobierno de Canarias para tal finalidad.

Hasta el momento, la situación que se vive en estos centros ha sido paliada "por el esfuerzo de los propios trabajadores", incluyendo en ellos a los cargos directivos. De hecho, hay casos en los que los usuarios de los mismos han podido comer merced a las aportaciones económicas hechas por el personal adscrito a los centros.

Pero no solo es que los trabajadores optaron por costear alimentos para los menores, sino que tuvieron que dejar de hacerlo ante el hecho de que también a ellos se les adeudan salarios. "Esto está generando otra problemática que empieza a afectar a los hogares del colectivo de empleados", indicaron los denunciantes, quienes llegaron a explicar que "registramos situaciones bastante delicadas entre nosotros".

"Estamos manteniendo chicos de los que tiene la tutela la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias con dinero de nuestro bolsillo", reiteró alguno de los comunicantes afectado.

La Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, aporta 52 euros al día por cada menor.