El enfoque puesto en las facturas más polémicas que el Ayuntamiento de Santa Cruz abonará en breve a los proveedores que así lo han pedido, como los 181.702 euros relacionados con el denominado caso Lerena o los 162.262 de Innova, han dejado un poco en la sombra otros pagos por cuantías considerables a compañías como Desguaces Tenerife (3,2 millones de euros) o Cetensa (4,2), empresa dedicada a los cementerios y las pompas fúnebres.

El gobierno local no ha detallado los servicios prestados por esas compañías, que ahora cobrarán gracias al decreto nacional que ha permitido que, mediante un crédito por un total de 55,1 millones a pagar en 10 años, el consistorio zanje buena parte de su deuda con proveedores.

De la larga lista con casi 400 compañías que han contratado desde hace años con el consistorio, destaca el amplio número de facturas por pequeñas cantidades. Se trata de cifras poco elevadas que, sin embargo, aliviarán en parte la situación de muchas pymes muy golpeadas por la crisis.

No obstante, y como suele ser habitual, los focos suelen irse a los casos más cuestionables. Aparte de los dos citados, grupos de la oposición como Sí se Puede o Por Tenerife han cuestionado también el pago a Urbaser de 20,6 millones de euros cuando esta compañía aún debe el alquiler de una nave municipal desde 2007, situación a dilucidar en los tribunales. Asimismo, se ha dudado de la idoneidad de abonarle 1,58 millones a Emmasa cuando su empresa matriz (Sacyr) aún ha de invertir en la ciudad 44,2 millones.

Grandes compañías

No obstante, y más allá de las críticas políticas, el listado incluye pagos considerables a entidades como el BBVA, a la que se le abonarán 3,4 millones. También sobresale el pago a Acciona Servicios Urbanos de 1,48 millones. Además, se prevé otro millón a Acciona Infraest y Acciona Servicios Urbanos, así como 1,4 a la UTE formada por la constructora Dragados y Construcciones Herreña Fronpeca.

De pagos por debajo del millón, destacan los 431.115 euros a abonar a la UTE Urbaser e Interjardín, los 232.264 a Telefónica de España y Telefónica Móviles España, y otros 216.182 a la UTE del barranco de Santos (FCC y Construcciones Darias).

El listado se completa, entre otras, con facturas por valor de 209.999 euros en favor de Santa Cruz Señalización Valla, otros 85.884 para Telefónica de España y 97.736 para Vodafone España.

Fuera de esta lista han quedado otras empresas que reclaman por la vía judicial o lucro cesante, entre otras cuestiones. Según el PP, se trata de un total de 31 millones, pero el edil de Hacienda, Alberto Bernabé, matiza que un 78% de esa supuesta deuda "no es tal, al tratarse de los 24,7 millones que exige Banca Cívica por el proyecto del barranco de Santos, que debe abonar la Comunidad autónoma".

Además, 2,18 millones de esos 31 corresponden a la reclamación de Rolo Producciones por pagos pendientes, abonos que dilucidará la justicia. Esta cifra representa un 7% de esos 31 millones.