El Gobierno de Canarias se comprometió ayer a elaborar la legislación que regulará la actividad de los guachinches en el plazo de seis meses. Para ello, se crea una comisión de trabajo que asume la responsabilidad de avanzar en esta línea y en base a las recomendaciones que ya en octubre de 2009 emitió el Cabildo de Tenerife. Las mismas establecían que este tipo de establecimientos tenían que ser regentados exclusivamente por viticultores, servir solo tres platos y agua así como vino elaborado con una propia, además de estar abierto durante tres meses. Además, ha de estar inscrito en una actividad clasificada aún por determinar y en la Seguridad Social.

La viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, recordó ayer que esta problemática ha sido abordada por distintas administraciones y que tanto la Corporación insular como los ayuntamientos se implicaron en ello, por lo que se aprovechará "el largo camino recorrido".

El propósito es "garantizar que no haya competencia desleal, las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias y puestos de trabajo", dijo la viceconsejera tras un encuentro con representantes del Cabildo, los ayuntamientos de La Matanza, Santa Úrsula, La Victoria, Los Realejos y La Orotava y de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Valle de La Orotava (Apymevo) y de la Asociación de Viticultores de Tenerife (Asviten).

El consenso entre los dos últimos colectivos propició la reunión de ayer para regular un sector con unos mil guachinches activos. "Esta situación es insostenible porque buen número de ellos se han convertido en restaurantes ilegales que hacen competencia desleal", afirmó el consejero insular de Agricultura, José Joaquín Bethencourt, quien orientó la responsabilidad final de aplicar la ordenación a los ayuntamientos.

El nuevo marco legal debe estar en vigor en noviembre, que es cuando empieza a consumirse la próxima vendimia, según reclamó Asviten, cuyo gerente, Valerio García, cifró en más de tres millones los litros de vino que se venden en los guachinches cada año. Para este colectivo, es preciso que los ayuntamientos apliquen las recomendaciones hechas por el Cabildo en 2009 hasta tanto no se materialice la nueva normativa legal.

Del millar de guachinches que puede haber en la Isla, "ni el 5%" cumple con esas medidas, algo en lo que tienen responsabilidad los ayuntamientos, según el gerente de la asociación Apymevo, José Fernando Plasencia, quien destacó que en esas corporaciones "falta coraje" y, en el caso de La Orotava, "pasa olímpicamente". No así en Santa Úrsula, cuya alcaldesa, Milagros Pérez, reconoce el esfuerzo que supone controlar este sector que cuenta con 90 recintos en ese municipio, de los que el 10% cerró por incumplir.

Plasencia también advirtió de que "vamos a colaborar" para que no haya complicaciones hasta que se promulgue el nuevo marco legal, pero en el caso de que no haya control hasta ese momento "denunciaremos y pediremos que se cierren todos estos establecimientos".