La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) rechazó ayer el "castigo fiscal" que, a su juicio, impondrá a empresas y consumidores el Gobierno canario, al que aconsejó reformar la administración con premura para que contribuya así con los ajustes a los que obliga la crisis.
El presidente de la CCE, Sebastián Grisaleña, hizo estas manifestaciones en la rueda de prensa que ofreció ayer en Las Palmas para hacer pública la "gran preocupación" que existe entre los empresarios por el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales que prevé aprobar el Ejecutivo regional, cuyo articulado suscita "serias duras" respecto a su adecuación al ordenamiento jurídico español y canario; de ahí que la CCE tenga intención de apoyar "la defensa de los intereses" de cualquier sectorial que estime oportuno recurrirlo, anunció.
La CCE pronosticó que este anteproyecto de ley elevará más la tasa de paro, lastrará el consumo y hará caer la recaudación, en contra de lo que persigue el Gobierno canario. Tras insistir en que por su alta tasa de paro y su condición de región ultraperiférica "Canarias tiene que tener un trato diferenciado" del resto de comunidades españolas en los Presupuestos Generales del Estado, Grisaleña hizo votos por que en la reunión que mantendrán el próximo martes los presidentes canario, Paulino Rivero, y del Gobierno central, Mariano Rajoy, "se alcancen acuerdos que compensen los recortes aprobados" por el Ejecutivo regional.
En contra de las "medidas injustas, improvisadas, contradictorias e ineficaces" de este anteproyecto de ley se pronunciaron ayer los representantes de las sectoriales de grandes establecimientos comerciales, Valentín Parejo; Construcción, María Salud Gil; Pymes, Pilar Tabar; Turismo, Fernando Fraile, y Sanidad privada, Mario Rodríguez.
Valentín Parejo reprochó al Gobierno canario que "penalice la actividad comercial que se desarrolla en determinados formatos" con una tasa que "no se podrá repercutir a los clientes". A juicio del presidente de CCE, medidas como ésta "pretenden provocar la deslocalización de empresas en Canarias en favor de otras comunidades que sí estimulan la inversión".
Para Fernando Fraile, el alza de dos puntos que se prevé imponer al IGIC turístico atenta contra el motor económico de Canarias, que, además sufre una subida de tasas aeroportuarias en un momento en el que han desaparecido en Grecia y se han rebajado a la mitad en Egipto, lo que dañará su competitividad hasta el punto de que tengan que desaparecer empresas.
María de la Salud Gil denunció que en Canarias operan "660 empresas públicas y la mayoría hace competencia a la iniciativa privada". Gil también rechazó que la futura ley "penalice" con nuevas tasas la rehabilitación integral y la reposición urbana, actividades para las que propuso una exención fiscal.