La multa que ayer el Pleno impuso a la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura por la falta de vehículos y maquinaria previstos en el contrato enfrentó a los concejales del gobierno y de la oposición, quedando clara la divergencia de criterios y las medidas adoptadas.
"El gobierno local con su decisión solo penaliza a la UTE Arona al rebajar la cuantía inicial al 50%", señaló el portavoz del PSC, José Julián Mena, añadiendo que "de 206.000 se ha pasado a algo más de 103.000 euros".
La multa "es irrisoria y se sigue sin solucionar el problema de la carcoma que está acabando con este servicio público, que a fecha de hoy le faltan seis vehículos", manifestó el jefe de la oposición.
Mena indicó que la sanción "está muy lejos de que el gobierno local vele por los intereses de los aroneros y defienda sus derechos. La medida adoptada por ustedes (dirigiéndose al grupo de gobierno) es absolutamente vergonzosa, impresentable y refleja la incompetencia de los nacionalistas".
Después de un año de contrato "todavía la adjudicataria no cuenta con toda la maquinaria y vehículos, incumplimientos muy graves. Estamos, por tanto, ante un engaño a los vecinos y al ayuntamiento, así como un fraude para el resto de licitadores", expresó el edil.
"Además, el servicio se comenzó a prestar con medios alquilados. Ahora bien, dónde está el acuerdo plenario que permitía el alquiler y dónde está el acuerdo plenario para que la UTE suprimiese del contrato la adquisición de tres camiones", preguntó Mena al gobierno local, quien no obtuvo ninguna respuesta.
"Por tanto, existen argumentos más que suficientes para proceder a la resolución del contrato, tal y como también planteaba el instructor", dijo el jefe de la oposición.
Al respecto, el edil socialista rechazó las presiones a las que ha sido sometido el órgano instructor con dicho expediente sancionador y "es impresentable y muy grave" que el concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, haya trasladado al técnico "que se decante especialmente por la sanción de 103.000 euros".
"Si alguien está poniendo en peligro este servicio público es el gobierno local y el mal olor de este asunto ya lo perciben todos los vecinos, como nosotros lo hemos percibido con este expediente", concluyó Mena.
El portavoz del CAN, Manuel Barrios, también se mostró muy preocupado por las presiones a las que hace referencia el técnico en una diligencia dirigida al Pleno, documento que publicó el sábado este periódico, ya que de confirmarse podrían ser "constitutivas de delito". Así, consideró que el expediente está viciado y la UTE "no pagará ni un solo euro ante la cantidad de defectos" que existen.
En el expediente sancionador "ha habido una total imparcialidad", se defendió el concejal del gobierno, Antonio Sosa, quien afirmó que el órgano instructor se ha desdicho, por medio de un segundo informe, de las supuestas presiones a las que había aludido con anterioridad en otro escrito.