El alto índice de paro registrado en Canarias, que supera ya el 30 por ciento, ha logrado encubrir en las islas otro tipo de problemas que se han venido repitiendo durante los últimos años como el de la inmigración, tal y como ha indicado el portavoz del Grupo de Tenerife de Amnistía Internacional, Kepa Ganchegui.

"La crisis se ha agudizado muchísimo en las islas y eso se ha visto reflejado en un índice de paro alarmante", lo que ha provocado que el pasado año el fenómeno de la inmigración se haya notado en menor medida dada la "precaria" situación económica que se vive en estos momentos en el archipiélago. "Éste ha sido el problema fundamental y básico que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma", comentó Ganchegui a los medios.

Amnistía Internacional también ha dado a conocer su informe anual correspondiente al año 2011, y en él se recogen algunos de los problemas que están afectando a Canarias --al igual que al resto del país-- como puede ser el derecho a la vivienda. Sobre este aspecto, la ONG considera "insuficiente" la respuesta que se ha dado por parte de las autoridades, de ahí que crea necesario prohibir los desalojos forzosos y, en el caso de que sean inevitables, alojar a la gente más necesitada.

En cuanto al derecho a la salud, Amnistía Internacional entiende que los requisitos para acceder a la atención médica no pueden ser "barreras" que impidan el acceso a este servicio público, pues eso podría poner en peligro la vida de muchas personas; además, la organización también ha lamentado la "desprotección" de los trabajadores tras la aprobación de la reforma laboral.

Kepa Ganchegui se ha referido igualmente al descenso del número de mujeres que han muerto por malos tratos en Canarias. En concreto, en el año 2010 murieron en Tenerife por violencia de género un total de siete mujeres, una cifra que el pasado año se redujo a una.

Asimismo, señaló que la Comunidad Autónoma registró en 2011 un total de 105 solicitudes de asilo, 91 de ellas en la provincia de Las Palmas --50 de Marruecos-- y 14 en Santa Cruz de Tenerife, tres de ellas de Venezuela.

El informe de AI también contiene aspectos relacionados con los derechos sociales, en los que la organización ha detectado una "importante" desprotección de las víctimas de violencia de género, sobre todo entre la población gitana, inmigrantes, personas discapacitadas y el colectivo LGTBI. Según Kepa Ganchegui, este hecho se debe, entre otras razones, a que tienen muchos obstáculos para acceder a la Justicia y a que no existe una política de recogida de información sobre estos colectivos a la hora de tomar medidas.

Por último, el portavoz de AI en la isla ha destacado el hecho de que Canarias se haya querido sumar a la petición que Amnistía Internacional llevará el próximo mes de julio a la ONU para que se cree un tratado "efectivo" de control de armas. Varios ayuntamientos ya se han adherido a este tratado y en el mes de junio se debatirá una moción en el Parlamento de Canarias para que se sume también a esta petición, concluyó Ganchegui.