La interpelación parlamentaria presentada ayer por la diputada del grupo nacionalista CC-PNC-CCN María del Mar Julios sobre el ajuste del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias planteado por los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio se saldó con la afirmación de la consejera del área, Brígida Mendoza, de que "ajustes habrá, pero serán todos los necesarios para no tener que cerrar hospitales ni privatizarlos".
Mendoza reconoció "estar en contra de las medidas" tomadas por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno estatal, puesto que, a su juicio, "castigan al enfermo y a los menos favorecidos". Y también habló de "castigo a Canarias al obligarle a rebajar aún más el déficit, pese a haber sido una de las pocas comunidades autónomas que había conseguido los objetivos fijados por el Gobierno".
"El ajuste es muy duro, pero irremediable e incidirá directamente en el Servicio Canario de Salud", declaró.
Asimismo, admitió que "todavía no se sabe el alcance real de la reforma sanitaria, porque no ha habido ningún tipo de debate ni consenso y el texto no aclara cómo se va a aplicar. Por lo pronto se tendrá que abarcar parte del transporte sanitario no urgente y de la farmacia ambulatoria y no hay que descartar que se imponga un modelo de gestión privada al que solo tengan derecho los cotizantes", añadió, antes de anunciar que "el Gobierno ya ha remitido sus alegaciones al Ministerio".
La consejera insistió en "la necesidad de mantener los principios rectores de la Ley General de Sanidad" y en que "todavía no se sabe cómo atacar el Real Decreto, porque no ha habido ningún tipo de debate previo ni se ha aprobado por consenso".
En este sentido, Brígida Mendoza insistió en que "con la entrada en vigor del Real Decreto 19/2012 (que establece la reforma sanitaria) "se pasa de un modelo universal de asistencia sanitaria a otro basado en el aseguramiento relacionado con la condición de trabajador, lo que se traduce en la exclusión de extranjeros de fuera de la Unión Europea, salvo en caso de urgencias o si se trata de menores de 18 años".
Por su parte, María del Mar Julios hizo un llamamiento al Gobierno de Canarias para que "tome todas las medidas que permitan mantener la esencia del sistema sanitario y educativo, que no es otra que la universalidad y la gratuidad. Hay que defender con uñas y dientes el sistema sanitario público, aunque haya quien lo esté degradando cerrando hospitales y privatizando, como el Partido Popular, y para ello hay que tomar las medidas oportunas y explicar a los ciudadanos que, si son esas las que se han de tomar, es por culpa del Gobierno del Estado", dijo después de manifestar desde la tribuna del Parlamento que "la reforma sanitaria no trata de forma diferente la desigualdad, sino que la ignora y la acrecienta, haciendo caso omiso del sobrecoste que para Canarias representa el hecho diferencial".