Los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias (CCOO, Intersindical Canaria, Sepca, Co.bas y UGT) rompieron ayer las conversaciones que mantenían con el Gobierno regional para "estudiar" y "negociar" el texto del anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, y acusaron al Ejecutivo canario de "ocultismo" y "mala fe" negociadora.

La ruptura se produjo en la tercera reunión que sentaba en la misma mesa y con este objetivo a organizaciones sindicales y Gobierno, y coincidió con la jornada de protesta que los sindicatos habían organizado para manifestarse a favor de la defensa de los servicios públicos.

Las manifestaciones, que se produjeron en las principales calles de las capitales de seis de las siete islas, concentraron a centenares de personas, según informó Efe.

A juicio de los sindicatos, el Gobierno de Canarias no solo se ha negado a ofrecer las cifras del impacto económico que supondrán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las medidas que va a tomar, sino que tampoco ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por las organizaciones sindicales para intentar mejorar el texto.

"El Gobierno está viniendo a la Mesa a informar de decisiones que ya ha tomado, al menos en las dos últimas ocasiones", aseguró José Ramón Barroso, de CCOO, quien lamentó también la "prepotencia" del Ejecutivo en un momento en el que están convocadas en todas las Islas manifestaciones en rechazo a las políticas de recortes.

Según detallaron las organizaciones sindicales, la información económica que el Gobierno canario ha trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -plan de ajuste de 800 millones- difiere en más de 90 millones de euros, en recortes de personal, desde la primera mesa hasta ahora.

Y es que, si bien en ese primer documento el Ejecutivo fijaba en 130 millones de euros la reducción en gastos de personal, ahora esta cifra se eleva a 220, una diferencia que, a juicio de los sindicatos, es "exagerada". "Nos tememos que esto vaya a afectar más aún al recorte de las retribuciones de los empleados públicos e, incluso, a la pérdida de puestos de trabajo", advirtió Barroso.

Según los sindicatos, el citado anteproyecto de ley sale "viciado" de inicio, ya que uno de los informes preceptivos, el del Consejo Económico y Social (CES), establece que hay algunos aspectos de la norma que no se desarrollan en el borrador presentado y que faltan informes para "juzgarlo" adecuadamente.

Por su parte, desde el Gobierno regional lamentaron la ruptura de las negociaciones y aseguraron "haber sido receptivos" a los criterios de las organizaciones sindicales, en aquellas cuestiones que mejoraban la redacción inicial de los artículos relativos a condiciones laborales de los empleados públicos.

En otras, citaron la retirada de la propuesta de jubilación forzosa para el personal laboral, la reducción de complementos para el personal laboral informático y la participación de los sindicatos en el proceso de racionalización y distribución de empleados públicos.