Los ayuntamientos son las administraciones que se ocupan de la lucha contra el absentismo escolar en Canarias, pero el panorama en este sentido es muy desigual. "Hay municipios que lo trabajan bien, otros que ni siquiera lo trabajan y otros que se ajustan estrictamente a lo que marca la normativa", explicó ayer en el Parlamento regional Carmen Rosa Hernández, diputada de Nueva Canarias (grupo mixto) y autora de una proposición no de ley que pretende dar un giro a estas políticas y ponerlas bajo la coordinación de la Consejería de Educación.

La propuesta, aprobada por unanimidad, pide la puesta en marcha de planes y proyectos que favorezcan el éxito escolar, así como el desarrollo por parte de Educación, en alianza con la Consejería de Políticas Sociales, de iniciativas "encaminadas a prevenir e intervenir" en el absentismo, un fenómeno que afecta a aproximadamente el 6% de los estudiantes.

Igualmente, y mediante una enmienda presentada por el resto de grupos parlamentarios, la Cámara demanda al Ejecutivo que colabore con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para "que se completen y pongan en funcionamiento los consejos escolares municipales", al tiempo que sugiere la elaboración de planes integrales de ámbito insular dirigidos a reducir el abandono.

"Es necesario unificar las actuaciones para combatir esta realidad. La Consejería de Educación no podía seguir manteniendo la tesis de que no era competente. El abandono incide directamente en el fracaso y el abandono y renunciar a paliarlo es poco menos que renunciar a sus responsabilidades", expuso la diputada del grupo mixto.

Hernández se refirió a su experiencia como concejal de Educación del ayuntamiento de Telde, en la que el absentismo disminuyó desde el 6% al 2% en cuatro años, para precisar que hay una parte de este fenómeno que es "estructural", puesto que responde a "problemas del sistema" y, por lo tanto, queda fuera de las posibilidades de intervención de las corporaciones locales. "Cuando se trata de dificultades de aprendizaje y cuando el sistema no ofrece salidas, los ayuntamientos no pueden intervenir", dijo.

Aunque reivindicó este "papel protagonista" de las administraciones municipales, la parlamentaria nacionalista entien-de que la Consejería debe ejercer la labor de coordinación, "como sucede en otras comunidades autónomas". El modelo descentralizado, según Carmen Rosa Hernández, "funciona en materia educativa", como se deduce del ejemplo de los países nórdicos.

La iniciativa del grupo mixto fue celebrada por el resto de grupos parlamentarios, que la matizaron a través de una enmienda en la que, entre otras cosas, desaparece la referencia a dotar de más competencias a los cabildos para sustituirla por la idea de que la intervención en los casos de absentismo ha de tener carácter "multidisciplinar, flexible, integral e interinstitucional".

La portavoz en cuestiones educativas del grupo popular, Maribel Oñate, lamentó durante su intervención en el Pleno que muchas buenas prácticas de los ayuntamientos "luego mueren y no se ponen en común". La tarea de impulsarlas y generalizarlas debe corresponder, insistió, a la Consejería de Educación. Oñate recordó que el índice de absentismo en el Archipiélago se reduce a menos del 3% en los centros concertados y a algo más del 1% en los privados.