En el pleno más largo del mandato (más de 8 horas pese a dejar fuera, otra vez, el turno de preguntas), soporífero en muchos momentos, sin recesos y, sin embargo, con más consenso que discrepancias, hubo un punto que, para algunos, resulta impropio de un ayuntamiento (y más en tiempos de crisis, tal y como indicó el PP), pero que otros consideran más justificado que nunca por los últimos avatares de la Monarquía española y el sempiterno debate sobre la forma de Estado. El Consistorio de Santa Cruz rechazó ayer una moción de Sí se Puede que reclamaba la abdicación del Rey Juan Carlos, pero el resultado de la votación fue más sorprendente de lo esperable, ya que hubo cuatro votos afirmativos, nueve abstenciones y una ausencia voluntaria del debate.
Aunque el secretario aclaró que, de aprobarse, la iniciativa no tendría valor jurídico, esta moción de SSP (que cuenta con 2 ediles) dio mucho juego. Su proponente, Asunción Frías, se sorprendió por la postura de la Secretaría debido a los precedentes de mociones sobre cuestiones internacionales. De hecho, indicó que la forma de Estado influye directamente en el municipio y resaltó que solo buscan una sociedad plenamente libre, democrática e igualitaria, aparte de plantear que la Casa Real se incluya en la Ley de Transparencia y se excluyan de los presupuestos algunos de sus gastos. Además, recordó que la II República surgió por el rechazo de la Monarquía de un número creciente de ayuntamientos.
Guillermo Guigou (Ciudadanos) se abstuvo por respeto a la pluralidad de su partido, pero se presentó como republicano convencido. José Manuel Corrales (Por Tenerife) sí apoyó la moción, aunque lamentó que se pidiera la abdicación y no un referéndum, mientras que José Ángel Martín (PSOE) también la respaldó.
El PP votó en bloque en contra, mientras que CC y PSOE dieron libertad de voto a sus concejales. El alcalde, José Manuel Bermúdez, Julio Pérez, Carmen Delia González (Seguridad) y Dámaso Arteaga rechazaron la moción. Hilario Rodríguez (CC) se ausentó (en línea con su apuesta por la independencia de Canarias) y el resto de ediles se abstuvieron.
Subida de varias tasas
Por lo demás, una de las principales discrepancias se dio con la actualización de diversas ordenanzas y subida de tasas, que dejaron serias advertencias de la oposición ante posibles ilegalidades que traigan consecuencias en el futuro. El gobierno aprobó incrementar el IPC acumulado hasta 2011 en lo que se paga por los nichos de restos y panteones de los cementerios, así como los servicios funerarios, y un 1,5% (también de IPC) respecto a alcantarillado y depuración o vertido de aguas negras, residuales y pluviales.
En boca del edil de Servicios, Dámaso Arteaga, el equipo gobernante resaltó que no existía ningún informe que impidiera estas medidas y que, en cambio, sí disponían del respaldo de los técnicos.
La oposición, por el contrario, aludió en diversas ocasiones al documento de Intervención que no da conformidad a los aumentos respecto a los servicios funerarios y de cementerios, así como a los informes jurídicos que aluden a la confusión respecto a las tasas.
Corrales se mostró de acuerdo con una política fiscal activa, pero rechazó estas propuestas por las dudas legales surgidas. Frías indicó que las tasas no deben depender del IPC, al tiempo que, en línea con Guigou, exigió responsabilidad patrimonial a los gobernantes anteriores porque, durante 13 años no se actualizó la ordenanza de cementerio. Esto originó una reclamación de la empresa Cetensa, que, al final, ganó en el juzgado y que, con el crédito para proveedores, cobrará ahora 6 millones, si bien el edil de Hacienda, Alberto Bernabé, aclaró que "sin intereses de demora".
Óscar García (PP) recalcó que no podían apoyar el expediente por los informes contrarios y Bernabé pidió un voto de confianza hasta corregir algunos aspectos de la ordenanza y aprobarlos en este verano. García le replicó que no se trata de una cuestión de confianza, "sino de legalidad técnica"
"Pobres y vagabundos"
Entre esas correcciones, destaca la de la literalidad de la norma, que, en vez de referirse a personas sin recursos o en exclusión social para fijar exenciones, y tal y como denunció Frías, incluye la descripción "pobres de solemnidad y vagabundos".
La otra subida de tasas, relativa a aguas negras y alcantarillado, también suscitó el rechazo total de la oposición. Corrales, Guigou y Pedro Arcila (SSP) criticaron que no se aplique una fiscalidad verde y progresiva que obligue a pagar más al que más contamina. Arcila, además, considera que el aumento del 1,5% no está justificado porque no se puede demostrar si el coste para la empresa Emmasa también se eleva. De hecho, aseguró que esta compañía no depura dos terceras partes del agua y, sin embargo, cobra por este concepto al año 1,13 millones. A su juicio, esto puede suponer un incumplimiento de la Ley de Hacienda.
En esta misma línea, e incluso con mayor contundencia, se pronunció Zaida González (PP), quien criticó la ausencia de un informe del coste del servicio y recordó que ya rechazó una medida similar cuando formó parte del Tribunal Económico Administrativo por creerla no conforme a derecho.