1.- Hace meses dije aquí que la magistrada Carla Bellini Domínguez y la fiscal María Farnés Martínez podrían tener un problema si prosperara la querella presentada contra ellas, ante el Tribunal Supremo, por uno de los imputados en el caso Las Teresitas, Felipe Manuel Armas Jerónimo. Ya lo tiene la primera, porque el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella y, por las trazas y por el auto, Bellini metió la pata autorizando a la policía -otro día hablaré de la policía- a grabar nada más y nada menos que un vis a vis del denunciante con su novia, reclusa de la prisión Tenerife II. Bellini presuntamente violó el derecho fundamental a la intimidad, sobre todo de una persona que no tenía que ver con el caso, que era la novia del imputado, cuya identidad no se ha revelado, ni falta que hace. La cosa se parece bastante al asunto por el que fue condenado el juez Baltasar Garzón e inhabilitado para ejercer como tal: ordenó escuchas de conversaciones de detenidos del Gürtel con sus abogados, en prisión. Es decir, fue demasiado lejos.
2.- Es posible que Bellini haya cometido un exceso de celo que le puede costar su corta carrera como magistrada del TSJC (elegida por el Parlamento, a propuesta del PP y a partir de una trayectoria profesional como abogada laboralista y matrimonialista, parece, sin ninguna experiencia en la magistratura). Algo tengo que decir de la fiscal Farnés Martínez, a la que el Supremo deja fuera de la querella "por ahora". Si el fiscal está presente en los procesos para preservar la legalidad, o para velar por ella, digo yo que la legalidad puede también estar de parte del imputado. ¿Y no era su obligación advertir a Bellini de que esas escuchas podrían violar la intimidad de los que participaban en el vis a vis? La "conducta pasiva" de la fiscal no se explica. Al menos yo no me la explico.
3.- La instrucción de Las Teresitas tiene tantas decisiones extrañas, por parte de la justicia y de la policía, que yo me llegué a asustar. Viéndola desde fuera parecía una causa general que no se acabaría nunca. Incluso la jueza cometió la torpeza de visitar a Eligio Hernández en su despacho, sin avisar según parece, molesta por los comentarios atinadísimos que este honestísimo magistrado en excedencia y abogado en ejercicio hizo sobre el caso en los medios de comunicación. Parece como si los culpables tuvieran que serlo a la fuerza, cuando tanto la magistrada como la fiscal como la policía hicieron el ridículo más espantoso convirtiendo la instrucción en un circo mediático, que terminó cuando tuvieron que levantar la imputación del delito de cohecho a todos los investigados. Llegaron tan lejos que el Tribunal Supremo las ha cogido en un renuncio, que al menos a la magistrada le puede costar muy caro. Ay, Bellini.
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