El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el proyecto de ley para ajustar en 817 millones de euros el presupuesto de 2012 y pidió al Parlamento regional que lo tramite con celeridad para que pueda entrar en vigor el 1 de julio, de manera que se aplique en el segundo semestre del año.

El denominado proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales contiene un recorte del gasto autonómico de 560 millones de euros, incluida una rebaja salarial del 5 por ciento a los empleados públicos, y un aumento de ingresos por 257 millones con medidas como la subida del tipo general del IGIC del 5 al 7 por ciento.

Según explicó el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, tanto la rebaja salarial como la subida fiscal del IGIC son aplicables solamente en 2012, y en el caso de la subida de impuestos su prolongación dependerá de la disponibilidad presupuestaria a final de año.

La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno se produce tras un informe de los servicios jurídicos y un dictamen del Consejo Consultivo que han supuesto algunos cambios, la mayoría variaciones menores "de técnica legislativa".

Por ejemplo, en el caso del nuevo impuesto a las grandes superficies comerciales, se precisa que su finalidad no es sólo recaudatoria, sino que también persigue "proteger el medio ambiente", dijo Marrero.

Otro de los cambios introducidos tiene que ver con la edad de jubilación de los empleados autonómicos, que se fija en 65 años con carácter general aunque se puede prolongar excepcionalmente en el caso de que la continuidad del trabajador sea imprescindible para la prestación de un servicio.

El portavoz del Gobierno informó de que no ha habido cambios en cuanto a la aplicación de la subida del IGIC al sector turístico, ya que las patronales se habían comprometido a presentar una alternativa común pero por falta de acuerdo no se ha producido.

Cualquier cambio del proyecto que pueda producirse en el trámite parlamentario, dijo el portavoz del Gobierno debe cumplir con la premisa de que hay que llenar "el agujero" de 817 millones de euros.

Marrero no pudo precisar si se ha pedido o se va a pedir expresamente al Parlamento de Canarias que tramite el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, pero consideró que la prisa "es obvia" para que el ajuste entre en vigor a partir del 1 de julio.

El contenido del proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales se divide en dos apartados, uno sobre reformas de la administración pública y otro sobre las modificaciones tributarias.

Entre las medidas fiscales, el Gobierno ha resuelto incrementar el tipo general del IGIC del 5 al 7 por ciento y el reducido del 2 al 3.

Este incremento fiscal se traduce en dos céntimos más por cada euro en el precio de bienes y servicios en el caso del tipo normal y un céntimo por euro en el reducido, dijo Marrero.

Se mantiene el tipo cero para artículos de primera necesidad y se suben en 0,5 puntos los tipos vigentes del 9 por ciento y el 13 por ciento.

En el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se aumenta la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros al año el tipo pasa del 21,5 por ciento al 22,58 por ciento.

Se elimina la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y algunas de las deducciones en el IRPF, a la vez que se incrementa el impuesto sobre el combustible y se crean los impuestos sobre grandes superficies comerciales y sobre depósitos de entidades financieras.

Entre las medidas administrativas, se incluye la supresión y la reestructuración de la organización y funciones de algunos organismos públicos y órganos administrativos, así como medidas para la distribución de empleados públicos.

También se modifica la Ley de la Función Pública Canaria en cuestiones como jubilación, permisos, licencias y duración de los procesos selectivos y concursos de méritos.

En ese apartado se incluye la reducción del 5 por ciento en el salario de los empleados y cargos públicos para todo 2012, excepto los que ganen menos de 1,5 veces el salario mínimo.

El Gobierno ha establecido una reducción del 20 por ciento en las contrataciones externas de la Radiotelevisión Canaria y el cierre del segundo canal de la Televisión Canaria.

Además se modifica la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal en cuanto al importe global del fondo y su aplicación concreta en 2012 y 2013.

Otras medidas se refieren a la gestión de juegos y apuestas y a la regulación de las parejas de hecho.