En línea con el protocolo antidesahucio aprobado casualmente el pasado viernes por la unanimidad del pleno, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, decidió ayer mediar en el desahucio al que se enfrenta la ONG La Despensa y envió una carta a la entidad bancaria para intentar evitar la situación terminal de una entidad que, durante 2011, repartió 110 toneladas de alimentos entre familias necesitadas.

Bermúdez, que ayer se reunió con miembros de la entidad, respondió así a la petición del edil de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, Guillermo Guigou, que el lunes había pedido que se activase de forma urgente el citado protocolo ante una situación de muy graves consecuencias en la ciudad en plena crisis.

Con la misiva, el alcalde intenta evitar el desahucio de los inmuebles ocupados por la ONG en el número 42 de la carretera general de El Tablero, donde el lunes hicieron guardia un centenar de personas contrarias a la medida. Además, el máximo mandatario local también le ofreció ayer al presidente de La Despensa, Óscar Gutiérrez, la posibilidad de disponer de nueva sede mediante algún inmueble que le aporte la empresa municipal de Viviendas.

El posible desahucio de esta organización estaba previsto que se consumara el pasado lunes. Sin embargo, un error de comunicación del juzgado aplazó la medida hasta este viernes. Con su mediación, el gobierno trata de evitar que se haga realidad, si bien aún no se conoce la decisión del banco.

La Despensa funciona desde hace 5 años y se ha centrado en la entrega de comida y ropa a personas necesitadas, cuyo número ha ido en claro aumento a medida que se agudizaba la crisis. Según los datos de su presidente, en 2011 repartieron unas 110 toneladas de alimentos entre vecinos que, en numerosos casos, son derivadas por el Cabildo o el ayuntamiento.

De no lograrse una solución previa, los simpatizantes de esta causa reiteran su petición de que se acuda este viernes a la citadas dependencias para mostrar el rechazo a la medida, si bien el ofrecimiento del alcalde de un local abre nuevas posibilidades para afrontar el futuro. La propuesta sigue también la sugerencia del lunes del concejal José Manuel Corrales (Por Tenerife), quien propuso que se use uno de los locales vacíos del consistorio para paliar la situación.

Ayuda a domicilio

Otra cuestión que tiene en vilo, en buena parte, al área social del ayuntamiento es la situación económica de la empresa Mararía por sus deudas con la Seguridad Social. La compañía se ocupa de la ayuda a domicilio del municipio (que representa el 50% del gasto del IMAS, con unos 4,3 millones de euros) y atiende a unas 1.200 vecinos. Cuenta con 226 trabajadores y, según diversas fuentes consultadas ayer por EL DÍA, en las últimas horas toda apunta a que existen muchas posibilidades de encauzar la situación y garantizar que esta compañía siga con el servicio. De lo contrario, el área social ya ha contactado con otras tres empresas y, en todo caso, garantiza el mantenimiento normalizado de la prestación.