El Ayuntamiento de Santa Cruz cobra en la actualidad por las aguas residuales que recibe de La Laguna y El Rosario, pero las cantidades no satisfacen en demasía a los grupos políticos. Así quedó evidenciado en el último pleno local, en el que todos los partidos se mostraron de acuerdo con la propuesta del portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, de instalar caudalómetros que precisen cuál es el volumen auténtico que llega de ambos municipios limítrofes, de manera que se pueda aplicar un canon económico justo con el hecho de que la capital debe depurar luego esas aguas, si bien dos terceras partes acaban en el mar (principalmente en la zona de La Hondura) por los actuales problemas de la depuración en la ciudad, tal y como reconoce el propio gobierno local.
Arcila recalca, además, que la situación actual es injusta porque, por ejemplo, La Laguna "sí cobra a otros municipios por las aguas negras". Por eso, cree que instalar unos mecanismos en los distintos colectores para precisar con total concreción el agua que llega a la capital resulta imprescindible para que se eviten desequilibrios y perjuicios a la ciudad.
A su juicio, habría que cambiar también el régimen sancionador, que considera "muy parco", sobre todo en cuanto a los vertidos de aguas residuales industriales de otras localidades.
El edil de Servicios, Dámaso Arteaga, se mostró de acuerdo con un mayor control, si bien justificó la nueva ordenanza reguladora del uso y vertido a la red de alcantarillado, aprobada de forma definitiva el viernes pasado, por considerarla un gran avance en el municipio respecto a la situación actual. El texto fue respaldado por CC, PSOE y PP, mientras que Sí se Puede, Por Tenerife y Ciudadanos votaron en contra.
Arteaga resalta que dicha ordenanza trata de corregir los recargos que pagaban hasta ahora muchas empresas locales, principalmente hoteles o restaurantes, y que se situaban "muy por encima" de la media nacional.
Desde el PP, el edil Carlos Garcinuño se mostró de acuerdo con Arcila respecto a los caudalómetros y recalcó que se han de controlar mucho mejor los vertidos de La Laguna y El Rosario, porque se cobra poco. No obstante, apoyó la ordenanza por entender que la industria santacrucera "estaba demasiado castigada" con los cánones anteriores y los recargos.
Arcila ligó esto con la empresa Emmasa, a la que critica que no depure dos tercios de las aguas residuales y, "sin embargo, cobre por este concepto 1,3 millones de euros anuales a los vecinos". En su opinión, y en línea con otros grupos, es el momento de replantearse la recuperación de la adjudicación.