La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita dos años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el actual alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSC), y tres de los concejales de su actual gobierno, los socialistas Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz y José Alberto Ruiz Guzmán. El fiscal encargado del escrito de acusación del procedimiento abreviado 33/2010 considera que el mandatario, los tres ediles citados y otros cinco exconcejales del PSC de la Ciudad del Drago cometieron delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística durante el mandato 2003-2007.

Tras la reciente apertura del juicio oral, que tiene su origen en las diligencias previas 736/2007, EL DÍA ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, que acusa al alcalde icodense, Juan José Dorta Álvarez, de un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que pide dos años de prisión y diez de inhabilitación especial, y otro delito continuado de prevaricación, por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La Fiscalía plantea idénticas acusaciones y penas para Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz, José Alberto Ruiz Guzmán y los exconcejales socialistas Bernardo Martín Socas, Jesús Manuel Rolo Rodríguez y Luciano López Estévez. Para Carmen Casilda Hernández solo solicita diez años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

El exconcejal de Urbanismo Maximino Fuentes Pérez es el acusado que afronta una petición de penas más elevada. La Fiscalía lo acusa de prevaricación, prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio, por ello solicita el cumplimiento de tres años de prisión, 22 años de inhabilitación y una multa de 2.700 euros. Además, pide que abone, junto al constructor C.G.G., también procesado, el coste de la demolición de una edificación ilegal en la calle Los Canarios.

El Juzgado Número Dos de Icod de los Vinos basó a finales de 2010 sus acusaciones de posibles delitos de prevaricación continuada contra Dorta y los ediles y exediles citados en cuestiones como la supuesta adjudicación irregular y reiterada de obras, servicios y suministros por valor de casi tres millones de euros a unas pocas empresas; la concesión de licencias con informes técnicos en contra para varios edificios y decenas de viviendas, o la supuesta contratación "a dedo" de personal.

Pagos irregulares

Ese auto judicial de noviembre del año 2010, remitido a la Audiencia Provincial por la jueza instructora, decía que los acusados de esta gran cantidad de pagos irregulares actuaron así "de forma continuada, conscientes de que omitían el procedimiento legalmente establecido, y sin que mostraran ninguna intención de enmendar sus errores ni de cambiar su modo de actuar, impidiendo a otras empresas la posibilidad de realizar esas obras".

Aquel auto del Juzgado icodense citaba entonces trece casos de posible prevaricación urbanística y continuada por la concesión de licencias con informes técnicos desfavorables, con "un claro desprecio" de la normativa urbanística y "en un intento de beneficiar a empresas y particulares". Informes donde, según el propio auto, incluso se advertía expresamente a los ediles de la posibilidad de estar cometiendo delitos. En total, se habrían otorgado licencias irregulares para más de 150 viviendas en Icod, 58 de ellas de protección oficial.