La Comunidad de Madrid, pionera en España en crear la figura del Defensor del Menor para velar por los derechos de los niños, cerrará la institución el próximo 1 de julio a causa de la crisis económica, que ha disparado el déficit y la necesidad de ahorro en la Administración regional.
El pleno de la Asamblea madrileña así lo acordó el jueves pasado, con los votos a favor del Partido Popular y UpyD y el rechazo de IU y PSOE.
El PP justifica el cierre por motivos de ahorro y para evitar duplicidades. La diputada regional del PP Gádor Ongil considera que las funciones del Defensor del Menor las puede acometer el Instituto del Menor y la Familia (IMMF) -depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales- y el Defensor del Pueblo estatal.
Por contra, la diputada socialista Matilde Fernández y la diputada de IU Josefa Amat coinciden en señalar que el momento para suprimir la institución es "malo", ya que la crisis económica está haciendo crecer la pobreza en las familias, lo que afecta en gran medida a la infancia.
En sus dieciséis años y medio de vida, la institución ha tenido tres responsables: el psicólogo Javier Urra; el exdelegado del Gobierno en Madrid y diputado regional del PP, Pedro Núñez Morgades, y el abogado Arturo Canalda, curtido en la política desde las filas del PP en los Gobiernos central y autonómico.
Preguntados por Efe, Urra y Morgades consideran "dolorosa" su eliminación, pero mientras el primero sostiene que el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la Fiscalía de Menores "no podrán sustituir" al Defensor, el segundo "confía" en que los niños no quedarán desprotegidos.
No obstante, Javier Urra (defensor del Menor desde su creación, en 1996, hasta septiembre de 2001) manifiesta que "respeta" la decisión, aunque no tiene respuesta a la pregunta de si es necesaria su eliminación. "Fue la Asamblea de Madrid la que creó la institución y si ahora decide suprimirla por los recortes, solo puedo respetar esa decisión", afirma.
Sobre el posible ahorro que supondrá la medida, sostiene que será "muy escaso". "A los trabajadores funcionarios (de la Oficina del Defensor del Menor) habrá que recolocarlos, por lo que el ahorro va a ser muy poco", sostiene.
En su opinión, la institución del Defensor del Menor "empezó a morir" el día que se "politizó" con el nombramiento de su sucesor, Pedro Núñez Morgades, por el que siente "admiración", aunque considera que es un hombre de partido y con él la institución perdió "independencia y autonomía".
Pedro Núñez Morgades (defensor del Menor desde octubre de 2001 a octubre de 2006) reconoce que los "recortes" son dolorosos -"ojalá no hubiéramos tenido que hacerlos", dice-, pero atribuye la responsabilidad al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Recalca también que además de la fiscalía, uno de los adjuntos al Defensor del Pueblo tiene la competencia para defender a los menores, por lo que confía en que no queden desprotegidos.