No se esperaban novedades por parte del Gobierno regional y, a falta de ellas, las introdujo el principal partido de la oposición. El diputado del Partido Popular (PP) Miguel Cabrera Pérez-Camacho hizo ayer un llamamiento a la insumisión fiscal, ante la mayor subida de impuestos aprobada en la historia de la Comunidad Autónoma.
En el pleno del Parlamento, al que acudieron los principales actores económicos y sociales del Archipiélago, y durante el debate del anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, el diputado del PP anunció que solicitarán al Gobierno del Estado que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma respaldada por Coalición Canaria (CC) y PSOE.
Pero no quedó ahí su amenaza. Pérez-Camacho avanzó que su partido va a "animar" a las "víctimas" de los incrementos tributarios a que planteen "todas las cuestiones de inconstitucionalidad" que estimen oportunas, "que avalen las deudas y que no ingresen". Consideran los populares que varias de las figuras impositivas impulsadas por el Ejecutivo que preside Paulino Rivero son inconstitucionales "al cien por cien".
En una primera intervención, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ya había calificado la nueva norma que ayer aprobaron CC y PSOE como un "auténtico bodrio" y "diarrea legislativa". "El mejor camino de esta ley es la papelera", dijo.
El diputado del PP anunció que el ajuste aprobado por el Gobierno se traducirá en una pérdida de 21.000 empleos en 2012 y 2013, y una reducción del PIB canario en 1,2 puntos.
Además, aseguró que con solo suprimir la Policía Canaria y la Televisión autonómica se ahorrarían los 250 millones de euros que pretende recaudar el Ejecutivo con esta subida fiscal "abusiva".
Entre otras medidas, la nueva norma, que entrará en vigor en julio, contempla una subida del IGIC, la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones y un recorte del 5% en el sueldo de los empleados públicos.
En esta línea, el portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, recordó que la nueva norma modifica 139 leyes anteriores, y advirtió de que "toca" toda la estructura fiscal de la Comunidad Autónoma. "Va a deteriorar los servicios públicos y va a desmotivar a los empleados públicos", apuntó.
El Gobierno "está solo"
Rodríguez remarcó también que el Gobierno "está solo", pues no ha conseguido ningún apoyo de empresarios, sindicatos, cabildos y ayuntamientos. "El fracaso es seguro" porque se basa en la misma política equivocada, fracasada y conservadora que defienden la Unión Europea y el Gobierno de España, argumentó.
Asimismo, acusó al Gobierno de Canarias de ocultar los efectos del recorte en el empleo público, porque no solo se descuentan 109 millones de euros en salarios, sino que se reducen otros 113 millones de la contratación de personal, lo que supondrá 3.000 empleos menos.
Los argumentos de Pérez-Camacho y Rodríguez, sin embargo, no sirvieron para convencer a los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PSOE, que rechazaron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos popular y mixto.
En la defensa de la norma, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, aseguró que si no se aplicaran en Canarias los recortes impuestos si no se aplicaran en Canarias los recortes impuestos por el Gobierno del PP la Comunidad Autónoma sería inmediatamente intervenida por "los hombres de negro".
Spínola admitió que el ajuste va a tener incidencia en los servicios públicos, porque muchas de las consecuencias de los recortes son inevitables, pero otras pueden amortiguarse para que afecten lo menos posible a los ciudadanos, porque el Gobierno de Canarias "no va a desmantelar la administración pública".
El consejero regional aseguró que un recorte de 800 millones de euros no se puede acometer sin que afecte a los gastos de personal, pero el Gobierno ha preferido recortar los salarios antes que despedir.
"Sabemos que es un duro sacrificio para los empleados públicos, pero es una medida coyuntural, menos dura y más solidaria que los despidos", apuntó.
Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, incidió en que Canarias es la comunidad más castigada por el Gobierno central y la más perjudicada por el sistema de financiación autonómica.
Mientras, el portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, afirmó que nadie está contento con los recortes, pero denunció que el PP, en lugar de contribuir con responsabilidad, no plantea ninguna alternativa y se limita a pedir que no haya ajustes en Canarias mientras en las comunidades en las que gobierna aplica ajustes similares.
En este punto, el diputado del PSOE Emilio Mayoral aseveró que entre las distintas alternativas de recorte, el Gobierno de Canarias ha escogido la que más equilibra los esfuerzos de toda la sociedad.