EL PROFESOR Alejandro Nieto, en su polémico libro "El desgobierno judicial", define al juez justiciero y estrella como "un ser inmaduro y psicópata que no tiene conciencia de sus posibilidades de error, que necesita un público que aplauda sus hazañas y que convierte en enemigos a los que no están de acuerdo con él. Cuando opera en medios de comunicación, se produce un efecto sinergético explosivo. Procura mantener comunicación estrecha y frecuente con la sociedad civil y política, y se constituye a sí mismo, con su trabajo sobre temas de gran notoriedad pública, en centro de referencia, participando intensamente en los medios de comunicación y emitiendo juicios de todo orden sobre los actos políticos y las instituciones con asombrosa hiperactividad. Hambriento de éxito y de fama se coloca por encima de sus colegas deslumbrados por su megalomanía".
Cuando los pocos jueces estrella languidecen, ha surgido en Canarias un arquetipo de abogado estrella, Felipe Campos, aventajado émulo del juez estrella. No hay día que no aparezca en un medio de comunicación en declaraciones y entrevistas en las que amenaza con poner querellas y denuncias. Se ha erigido en el inquisidor general y juez supremo en materia de urbanismo en Canarias. Es temido por su capacidad para criminalizar la actividad administrativa, contando con el apoyo de algún fiscal que, incomprensiblemente, admite sus denuncias o querellas, inicia con ellas diligencias de investigación e insta procedimientos judiciales, formando un extraño maridaje que debe inspeccionar la Fiscalía General del Estado. Descalifica todos los días, cuando no insulta, personalmente a los políticos y a las instituciones. A los que discrepan de sus opiniones jurídicas nos acusa de estar vendidos, sin prueba alguna, a lo que denomina "el régimen", y de ser defensores de lo que considera "pelotazos", sin fundamento jurídico solvente -sobre el que viene dilatando un debate hace meses-, como el caso del Colegio de San Ildefonso, del que, aclaro, he cobrado una minuta de 15.000 euros por dirigir el asunto contencioso-administrativo que me ha encomendado como abogado.
Felipe Campos ha encargado un informe jurídico sobre la tramitación del PGOU de Santa Cruz de Tenerife y ha promovido una suscripción popular sin precedentes para el pago de honorarios al eximio administrativista Tomás Ramón Fernández, contrapuesto al informe del no menos eximio administrativista Luciano Parejo, que tiene uno de los más brillantes expedientes académicos de la historia universitaria de Canarias, y cuyo dictamen F. Campos, sin competencia jurídica alguna para ello, califica de "chapuza", sin rubor.
De producirse la anunciada comparecencia del profesor T.R. Fernández ante los medios de comunicación para explicar su dictamen, será la primera vez que yo conozca en la que un ilustre jurista sea utilizado públicamente "ad maiorem gloriam" de su cliente. Me sorprendería que el profesor T.R. Fernández se preste a acudir a escenarios manipulados, pues a un jurista de su categoría no le hace falta más promociones que la de su ingente obra científica y sus dictámenes ante los tribunales. La doctrina científica no es fuente de Derecho, a menos que sea acogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Los que hemos ejercido como magistrados en los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa estamos acostumbrados a que cada parte presente un informe de un catedrático ilustre, por supuesto ambos contrapuestos y favorables a los intereses de sus clientes, que no siempre se estiman. La actuación administrativa de un ayuntamiento solo debe ajustarse a la jurisprudencia y a los informes de su secretario, técnicos y letrados consistoriales.
Si es verdad, como aseguran sus partidarios, que Felipe Campos ha estado años sin regatear esfuerzos y sacrificios laborales, compareciendo horas a diario en los medios de comunicación, dedicado casi a tiempo completo a intentar solucionar los problemas urbanísticos del PGOU de Santa Cruz, del Parque Marítimo, de San Ildefonso y de otros, al quedársele corta la isla, sin cobrar ni un euro de honorarios, merecería que se le ciñera una corona cívica por su desinteresado y altruista trabajo. Espero que Felipe Campos no me replique con las descalificaciones personales a las que nos tiene acostumbrados, que suele ser la respuesta de los mediocres a los discrepantes.
Para solucionar los problemas de "fuera de ordenación" del citado PGOU de Santa Cruz, que es una causa justa, hace falta solo contar con la excelente preparación jurídica y técnica de los funcionarios municipales, y con inteligencia política, no con la osadía de un gerifalte.