Miles de personas se manifestaron ayer en León para respaldar la jornada de huelga general convocada por UGT y CCOO en las comarcas mineras contra la reducción de las ayudas al carbón recogida de los presupuestos del Estado, cuya tramitación parlamentaria en el Senado comienza esta semana.

Unos 15.000 manifestantes, según los sindicatos, unos 10.000, según la Policía Local, iniciaron la marcha pasado el mediodía en la plaza de la Inmaculada y se dirigieron a la sede de la Diputación provincial, donde seis mineros permanecen encerrados desde el pasado 4 junio.

"Quieren acabar con todo. No al cierre de la minería del carbón" fue el lema de la pancarta que encabezaba la protesta, a la que acompañó el estruendo de petardos durante todo el recorrido.

Al término de la marcha tomó la palabra el secretario general de la FITAG-UGT en Castilla y León, Manuel López, quien destacó el "éxito sin paliativos" de la jornada de huelga, cuyo seguimiento fue del 100%, según señalaron CCOO y UGT en un comunicado.

López, quien criticó que se estén comparando las acciones de los huelguistas con el terrorismo de ETA, denunció la "invasión de los antidisturbios" en los pueblos y mostró su comprensión con los "ciudadanos de bien" a los que han podido perjudicar con su lucha.

En este punto, emplazó a los políticos a que den en el Senado una "solución parcial" al conflicto y recalcó que, si no, la lucha seguirá porque si pierden las minas ya no les quedará nada que perder.

El dirigente sindical avanzó que marcharán a Madrid caminando, habrá acampadas de mineros, se organizará una nueva manifestación frente al Ministerio de Industria y se convocará una huelga general en todos los territorios, aunque sin concretar fechas.

López agradeció el apoyo de los alcaldes del PP de los municipios mineros, pidió al PSOE un mayor compromiso y le dijo a la líder del PP de León, Isabel Carrasco, que ya no "sirven las declaraciones de prensa" y que "el mejor ejemplo que podía dar es encadenarse" a las puertas de la Diputación provincial, de la que es presidenta.

También pidió al Gobierno que les diga la verdad porque el problema de la minería no es económico, ya que cada euro invertido en el carbón revierte multiplicado por cuatro al Estado.