Los sindicatos FSS-CCOO, FSP-UGT, Satse y CSI-F criticaron ayer la propuesta del Ministerio de Sanidad de excluir más de 400 medicamentos de la financiación pública, lo que denominaron el "medicamentazo", medida que a su juicio "no ahorrará", sino que "generará más gasto" a la sociedad. También se mostraron críticos los médicos, que señalan que pudo haberse hecho mejor de habérseles consultado al respecto.
Los representantes sindicales presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo al considerar que el decreto de medidas de ajustes de Sanidad es inconstitucional y mostraron su desacuerdo porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) vaya a dejar de financiar 425 medicamentos, al tiempo que criticaron que se hayan enterado por "la prensa" del listado, como ya lo hicieran el miércoles pasado algunos consejeros de Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
Por su parte, los médicos del Hospital Puerto de Hierro de Madrid, Luis Abreu y José Luis Calleja, coincidieron en que la medida podría haberse hecho "mucho mejor" si se hubiera consultado a profesionales y especialistas en la materia y no "por decreto ley".
Calleja se mostró a favor de, en momentos de crisis, "revisar" las prácticas y "restringir", con el fin de "economizar al máximo" y hacer un sistema "sostenible". No obstante, hizo hincapié en que debería haberse "avalado científicamente" ese listado de medicamentos porque, agregó, "habrá aciertos, pero también errores".
"Podrían haber sido todo aciertos si se hubiera tenido una opinión técnica", matizó Calleja, quien explicó que a pesar de que la mayoría son de "escasa" utilidad terapéutica, hay "subgrupos" de pacientes que podrían necesitar esa medicación de manera "crónica" y que debería haberse valorado "específicamente" en este tipo de decretos.