El presidente de la asociación de vecinos La Unión, José Rodríguez Dorta, anunció ayer que el colectivo reclamará por la vía judicial al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla la entrega de una copia de la llave del local que utilizaban hasta el pasado mes de mayo, cuando el grupo de gobierno (PSC-PP) cambió la cerradura del centro cultural La Unión para recuperar el control del inmueble.

La intención inicial de la asociación de vecinos La Unión era proceder durante el día de ayer al cambio de la cerradura del local, pero advertidos por la Policía Local y su asesor legal, finalmente optaron por esperar a que el juzgado obligue al consistorio a devolverles la llave del edificio.

"Hemos optado por la vía legal para evitar problemas. No vamos a actuar como actuó la alcaldesa, Fidela Velázquez (PSC), en mayo y vamos a esperar a contar con una sentencia", indicó Rodríguez.

El secretario del colectivo vecinal, Jorge Hernández, recordó que el conflicto sobre la propiedad y el uso del Centro Cultural La Unión, en la parte alta de San Juan de la Rambla, "arrancó en septiembre de 2011, cuando el gobierno presidido por Fidela Velázquez cubrió con un cañizo toda la fachada del inmueble".

"Recuperamos nuestra actividad normalmente hasta que la alcaldesa, de forma unilateral, decidió en mayo cambiar la cerradura del local e impedirnos el acceso, a pesar de que allí tenemos equipos informáticos, instrumentos musicales y otro material de la asociación", aseguró Hernández.

El primer presidente de la Asociación de Vecinos La Unión, Ildefonso Reyes Eusebio, afirmó ayer que "cuando se creó el colectivo, hace ya 32 años, los vecinos conseguimos el solar y edificamos buena parte del edificio actual. Durante todo este tiempo nunca habíamos tenido ningún tipo de problema, hasta que Fidela Velázquez llegó a la Alcaldía".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado 25 de junio un auto que las partes interpretan de forma distinta. Mientras la asociación considera que este auto les da derecho a volver a utilizar el inmueble de forma inmediata, el gobierno subraya que el dictamen judicial "reconoce la propiedad pública del local y el uso no exclusivo del mismo, y otorga al consistorio la potestad de coordinar el uso y distribución de las instalaciones".

La parte dispositiva del auto judicial se limita a "suspender cautelarmente el precinto y la prohibición de acceso a la Asociación de Vecinos La Unión, restableciendo el uso no exclusivo del local, en compatibilidad y respeto con otros usos sociales, como el de Casa de la Juventud".