El asesor de la Casa Real y conde de Fontao, Manuel Romero, pidió en una reunión mantenida en junio de 2006 con el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres, que el nombre del yerno del Rey no figurase en los órganos de gobierno de ninguna fundación, con lo que se mostró disconforme el propio duque aunque finalmente lo acató, según fuentes judiciales.
Así lo declaró como testigo el abogado y experto en fundaciones Raimon Bergós.
En declaraciones a los medios en una pausa de los interrogatorios, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, aseguró que los contratos a los empleados de la vivienda del duque "administrativamente eran correctos".