El primer teniente de alcalde, Julio Pérez, experimentó ayer uno de los momentos más duros de lo que va de mandato y, quizás, de su trayectoria pública. En uno de los instantes álgidos de la encendida intervención de José Antonio Ramos (Plataforma), que incluso para su sorpresa pudo mostrar la indignación de su colectivo precisa- mente en la mesa presidencial y con Pérez a escasos centímetros, el representante vecinal le devolvió al líder socialista el euro que, según recalcó, éste le había entregado a una vecina que, en el García Sanabria, recaudaba dinero para costear los 30.000 euros necesarios para disponer del dictamen jurídico del prestigioso catedrático Tomás Ramón Fernández sobre la caducidad del PGO.

Su gesto originó una gran ovación de los partidarios de la Plataforma presentes en el salón plenario y sorprendió a Pérez, quien, inmóvil durante unos segundos, mirando a Ramos y apoyando su cara en su mano izquierda, no pudo evitar sonrrojarse durante unos instantes. Si bien luego recuperó su semblante más habitual, Pérez tampoco logró reprimir una comprensible seriedad por la dura argumentación de la Plataforma.

Sin concretarlo, José Ángel Martín lamentó algunas "observaciones" y "afirmaciones" realizadas por Ramos, aunque no se refirió expresamente al gesto del euro. Eso sí, el edil de Política Territorial reconoció que estaba de acuerdo con muchas de las cosas dichas por el representante vecinal en una situación que, según admitió, no era cómoda.

Aparte de reprocharle a Pérez que "mezcle lo público y lo privado", Ramos aseguró que el gobierno está colculcando derechos siendo consciente de ello. "No soy marioneta de una jugada política ni testaferro de nadie. Siento rabia y vergüenza por cómo se está llevando el PGO. En un despacho de 25 de Julio se repartió la ciudad. Ni somos terroristas ni el Ejército de Pancho Villa. Seguir adelante es un robo. La historia no absuelve. Atrévanse a mirar a los ojos a los vecinos. No a este PGO, que está plagado de numerosas irregularidades, que expolia el patrimonio de miles de familias y que está caducado".

Ya en la calle, y mientras el portavoz de la Plataforma, el abogado Felipe Campos, censuraba que el secretario no se pronunciara sobre la caducidad, "entre otras cosas porque sabe que el Plan General está caducado", uno de los gritos más repetidos era el de "Pérez dimisión".

OTROS ASUNTOS

Guardaespaldas, agua, Teresitas...

La tensión se desinfló desde que concluyó el debate sobre el PGO y, en claro contraste, hasta luego hubo buen rollo entre Corrales y el alcalde sobre los turnos. Antes, la principal polémica se debió a la subida de la tarifa del agua en un 2,5%, si bien se rebajará en un 20% a organismos como la Autoridad Portuaria en una decisión que CC, PSOE y PP creen acertada para impulsar el puerto y las empresas allí instaladas. Pedro Arcila (SSP) anunció que, como con otras subidas, denunciará esta ante la Justicia por no justificarse mediante informes sobre ingresos y beneficios de Emmasa. Además, censuró que, junto al aumento de la luz en un 21% (aunque esto depende del Estado) y otro 1% del agua local, el vecino ha visto en menos de 6 meses cómo se le sube casi un 25% estos servicios. Corrales también se opuso, criticó que, en cinco años, la subida del agua haya sido del 16% y volvió a reclamar que se recupere el servicio por el incumplimiento por parte de Sacyr de su inversión en la ciudad de 45,2 millones, en lo que coincidió con Guigou. El edil de Economía, Alberto Bernabé, defendió la medida en función del contrato y para evitar que, "como ha ocurrido con otros casos", al final el consistorio tenga que pagar más por los intereses ante una eventual denuncia, si bien se mostró abierto a cambiar las condiciones.

Otro punto polémico, reiterado luego en el turno de preguntas, fue el relativo a la seguridad del alcalde durante los Carnavales. El PP se quedó solo en su censura del gasto de casi 15.000 euros, ya que el resto de la oposición prefirió abstenerse. La edil de Seguridad, Carmen Delia González, le reprochó a los populares, especialmente a Cristina Tavío, que esgrimiera esto para criticar al alcalde "porque no tiene más argumentos" y cuando, según señaló, había acordado con los ediles del PP Óscar García y Zaida González que, por las amenazas contra Bermúdez ("que se han agravado"), esto no debía salir a la luz pública. El PP intentó retirar la moción para que la oposición dispusiera de ciertos documentos pero, según la interpretación del Secretario, al no haber unanimidad y darse el debate, se debía votar la retirada. El PP se quedó solo, pero, en las preguntas, criticó con dureza a la edil del área, a la que le devolvió la acusación de mentir. El pleno dio mucho más de si y, entre otras mociones, se aprobó por unanimidad una del PP en pro de mejorar Las Teresitas para recuperar la bandera azul perdida en 2004.