El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha comunicado a dos de sus trabajadores el despido con fecha 5 de julio de 2012, tras sentencias judiciales firmes después de que el Gobierno de Canarias denunciara sus contratos al darse cuenta de que los afectados habían entrado en la plantilla municipal por decreto, vulnerado los principios básicos de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad, que, según doctrina del Tribunal Constitucional (TC), "solo puede ser exceptuada por muy excepcionales razones objetivas".

El ayuntamiento ya tuvo que despedir en noviembre de 2011 por la misma causa a tres de sus trabajadores, tal y como adelantó EL DÍA, en concreto a dos conductores de camiones y a la telefonista-recepcionista, además de cumplir otras funciones, de la Policía Local, aunque recientemente fueron readmitidos en sus puestos de trabajo tras ser aceptado el recurso que presentaron ante el Juzgado de lo Social.

De todas formas, en aquella sentencia se aclara que la decisión tomada por la corporación local de despedir a los trabajadores "se ajusta a derecho al verse en la obligación de cumplir con una orden judicial", pero, al contrario, advierte de que el proceso para desprenderse del personal afectado "no fue el legalmente establecido", por lo que se fijó una indemnización por año trabajado en caso de que el ayuntamiento optara por no readmitirlos.

En esta ocasión, las cartas de despido se han entregado a un operario y a un trabajador del Teatro Circo de Marte, con una antigüedad de ocho y tres años, respectivamente, a los que, al contrario que los tres primeros despedidos, sí se les ha concedido indemnización por el tiempo trabajado.

El alcalde, Sergio Matos, manifestó a esta redacción que "el ayuntamiento no está por la labor de despedir a la gente que tenga contrato en vigor. Lo que ocurre es que estamos ante sentencias judiciales firmes que tenemos que cumplir como administración local. Son dos personas que están trabajando muy bien, nos referimos a grandes trabajadores para el ayuntamiento, pero aunque lo sentimos, es una situación que no nos gusta nada, no tenemos más remedio que comunicarles su baja".

Estos nuevos despidos han generado incertidumbre en un número elevado de trabajadores que entraron en el ayuntamiento sin pasar por ningún tipo de oposición. Matos dijo que "estamos recurriendo todas las sentencias que nos llegan y no se ejecutan hasta que son firmes", reconociendo que "hay bastante más personas en la misma situación", sin especificar el número, aunque otras fuentes la cifran en medio millar.

Las sentencias van sobre los intereses de los trabajadores, pero sorprende que no se vean responsabilidades en el alcalde que se encargó de contratarlos sabiendo las irregularidades cometidas.