La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias confirmó ayer lo que hace meses había prometido el área de Función Pública: que la rebaja salarial de este año no se consolidará en 2013.

Así lo anunció el viceconsejero de Hacienda y Planificación del Ejecutivo autonómico, Jesús Velayos, que confirma de esta manera tres meses antes de la fecha prevista para la celebración de la Mesa General de Empleados Públicos -entre septiembre y octubre- en la que debería abordarse el asunto con los principales sindicatos del área la "firme voluntad" de la Administración canaria de no prolongar el recorte en 2013.

Al referirse a la puesta en marcha del diseño de las cuentas autonómicas para 2013, Velayos explicó que la intención del Gobierno "desde el principio" fue la de revertir la rebaja salarial de los empleados públicos y ya tiene claro que así lo hará, si bien los sindicatos aún no han sido informados de manera oficial de esta postura.

Y es que el encuentro en el que las organizaciones sindicales deberían ser informadas del asunto tiene que celebrarse, de forma necesaria, tras la reunión de los responsables de Hacienda en la que el Gobierno adopte este criterio de manera definitiva, pero Velayos asegura desde ya que así será. Otra cosa es, temen los sindicatos, que el Ejecutivo central apruebe una rebaja salarial para 2013, escenario que estas organizaciones dan por descontado -y también fuentes del Gobierno autonómico- que afectaría tanto a los empleados regionales como a los locales.

El viceconsejero también explicó que los próximos presupuestos se diseñarán bajo la premisa de la viabilidad de los servicios públicos, pero que la prioridad al pensar la distribución de los recursos económicos será el del cumplimiento del objetivo de estabilidad financiera -lo que implica mantener en equilibrio los gastos con los ingresos- fijado según los criterios del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de abril. La razón, apuntó, es que de no alcanzase el objetivo de la estabilidad tampoco podrá garantizarse la prestación de los servicios básicos, por lo que ambos deben estar vinculados.

En todo caso, explicó Velayos, el Ejecutivo regional confía en que haya margen en las próximas cuentas para el crecimiento y la dinamización económica -a fin de impulsar el empleo en las Islas-, que definió como un "empeño" del presidente canario, Paulino Rivero.

Además, la distribución de los fondos deberá ir en consonancia a la obtención de los resultados previstos en las propias cuentas. Sobre el gasto de personal, la propuesta para el próximo ejercicio tendrá que estar finalizada para el 20 de septiembre.

El resto de las propuestas tendrán que estar encuadradas en una de estas dos opciones: en los créditos para servicios y actuaciones de obligado cumplimiento para la Comunidad Autónoma -los de carácter esencial- o en las asignaciones destinadas a las políticas sectoriales -y que deben responder a los objetivos "prioritarios".

Los centros gestores que tramiten unas y otras deberán remitir a la Dirección General de Planificación y Presupuesto sus propuestas antes del 31 de julio.

Además, las previsiones de ingresos no vinculados a las transferencias de la propia Comunidad deberán justificarse mediante informe del órgano que los gestiona y tendrá que incluir, como mínimo, los datos de la recaudación de 2011 y los correspondientes al 30 de junio de este año junto a la comparativa del ejercicio anterior. La información debe estar en manos de la Dirección de Planificación antes del 31 de julio.