Casi 15.800 alumnos de las Islas se beneficiaron el pasado curso de la acogida temprana, un servicio cuya continuidad peligra después de que la Consejería de Educación del Gobierno canario haya comunicado a las asociaciones de madres y padres (Ampas) que no seguirá financiándolo, lo que obli- gará a las familias a sostener económicamente la acogida con sus aportaciones.

Los centros educativos que acogieron este servicio en el curso recientemente finalizado fueron 382. De ellos, 268 lo hicieron a través de las propias Ampas, en otros 97 lo desarrolló el profesorado y en los 17 restantes se utilizó un modelo mixto. El presupuesto empleado para su mantenimiento superó los 2,1 millones de euros.

Las dudas sobre el futuro de la acogida temprana se han multiplicado durante los últimos meses. El consejero de Educación, José Miguel Pérez, llegó a adelantar en el Parlamento, en febrero, su intención de revisar su gratuidad universal. "Habría que plantearse si se puede seguir haciendo así, de forma indiscriminada", dijo Pérez. Otros grupos, caso de Nueva Canarias, sugirieron la posibilidad de que la Consejería de Empleo se involucrase en la financiación, al tratarse de una medida destinada a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

Entonces parecía que la continuidad de la acogida pasaba por priorizar a las familias con menos recursos. De hecho, llegó a elaborarse un baremo en función del nivel económico. "¿Para qué se hizo?", se pregunta Eusebio Dorta, presidente de Fitapa, la federación de Ampas de Tenerife, quien ha tomado la iniciativa de negociar con las empresas del sector para garantizar el mantenimiento del servicio al menor coste posible.

Desde que la acogida temprana se puso en marcha, en el curso 2008-2009, ha experimentado un crecimiento constante en el número de usuarios. Entonces eran 9.400 y hoy la cifra supera los 15.700 (un 68% más), un dato que representa el 6% del total de alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, aunque son los dos primeros niveles los que cuentan con mayor número de participantes.

El anuncio de que no habrá presupuesto para la acogida temprana ni ayudas para desarrollar actividades extraescolares ha supuesto un duro golpe para las Ampas, que han denunciado que estos recortes influirán en el deterioro de la calidad educativa y generarán un desequilibrio entre centros públicos y concertados.