El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu citó ayer a declarar como imputados a los expresidentes de Bankia y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, al exministro Ángel Acebes y a una treintena de exconsejeros del grupo y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre ellos el presidente de La Caja de Ahorros de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro, tras admitir a trámite una querella de UPyD.
Según el auto, otros de los imputados en el caso Bankia son el actual consejero delegado de la entidad y único ejecutivo que quedaba de la gestión de Rato, Francisco Verdú, que presentó sobre la marcha su renuncia al cargo, según informó la entidad a la CNMV; el presidente de la CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, y el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga. Junto a ellos, también están imputados el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche y el exsecretario general del PP en Madrid Ricardo Romero de Tejada.
La imputación de todos ellos no ha sido, sin embargo, propuesta por la Fiscalía, que a pesar de que solicitó que se admitiera a trámite la querella, consideraba que no se podían imputar conductas delictivas sobre los acusados por el mero hecho de su pertenencia al consejo, aunque los hechos merecieran una investigación penal.
Según las fuentes jurídicas consultadas, la intención del juez es comenzar a tomar a finales de este mes declaración a los imputados, a los que se les acusa de delitos de falsificación de cuentas y balances, de administración desleal o fraudulenta, de maquinación para alterar el precio de las cosas y de apropiación indebida.
Estos actos, según el Código Penal, conllevan penas de prisión de entre uno y seis años.
También están llamados a declarar, en calidad de testigos, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la CNMV, Julio Segura; el representante legal de la Comisión Rectora del FROB y Francisco Celma, auditor de Deloitte. El juez reconoce en su escrito la magnitud del perjuicio que suponen para las arcas públicas los fondos recibidos por Bankia para su recapitalización.
El magistrado, que admitió todas las medidas documentales que exigía la formación de Rosa Díez, fijó el próximo 23 una vista para determinar si proceden las medidas cautelares solicitadas por UPyD para intervenir judicialmente a la entidad y sustituir a los gestores por un administrador.
Tras conocerse la noticia, el portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, se limitó a pedir que se respete la presunción de inocencia de Rato.
Adicae anunció que se personará en el procedimiento penal.
Entre tanto, el grupo socialista en el Congreso registró ayer la petición de convocatoria de la Diputación Permanente para debatir ya la apertura de una comisión de investigación sobre la nacionalización de Bankia y su proceso de recapitalización.