La Fiscalía Provincial dictó el pasado 20 de junio un oficio por el que le notifica al letrado Felipe Campos que ha decidido formular denuncia por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por la compra de la casa Siliuto, al destinarse una cifra duplicada respecto a la recomendada en un informe de una técnica local. La Fiscalía responde así a la denuncia previa presentada por el conocido abogado tras acceder al expediente de esa adquisición que le entregó el edil José M. Corrales.

En sus diligencias preliminares, la Fiscalía tomó declaración el pasado 29 de febrero a esa técnica, la arquitecta municipal Berta Álvarez, y se encargó la elaboración de un informe de tasación del inmueble. Ese documento confirmó que, el 3 de febrero de 2003, el consistorio compró este inmueble (con el fin de que acogiera la Casa Insular de la Juventud) por un total de 612.777 euros. Sin embargo, el informe local, del 23 de octubre de 2002, tasaba la casa en 332.496 euros.

La Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que el consistorio no acredite en ningún momento por qué no cree suficiente el informe de sus técnicos y, luego, encargase a la sociedad tasadora Tinsa otro estudio que valora el inmueble en 705.966 euros. También alude a la tasación aportada por los titulares de la casa, que asciende a 612.277, cifra que, según el acuerdo de la corporación, fue la que finalmente se abonó por la compra en un contrato formalizado el 3 de febrero de 2003.

La Fiscalía es muy explícita y asegura que no se enumeran o reflejan "los motivos por los que se apartaba clamorosamente del precio fijado por los técnicos, generando con ello el pago de un precio que excedía en 279.781 euros al que determinaron los técnicos de la corporación".

Por su parte, el informe pericial solicitado en estas diligencias fija el valor del inmueble en 475.454 euros, un total de 136.822 menos que el precio satisfecho por el ayuntamiento.

El Ministerio Fiscal también cuestiona que, el 6 de mayo de 2005, la Gerencia de Urbanismo asume el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales por esta operación, los actos jurídicos documentados y el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que supuso un cargo para las arcas locales de 10.946 euros. Según subraya, esto contravenía lo resuelto por el consejo de administración del ayuntamiento del 3 de diciembre de 2002 y suponía una excepción en la práctica habitual de compra de inmuebles por parte de organismos públicos.

De hecho, el citado acuerdo establece que estos gastos se harán conforme a la ley, si bien luego, en la escritura de compraventa, se fija que sean asumidos por la parte compradora.

La Fiscalía remite su denuncia al juzgado de guardia de Santa Cruz y propone que se reciba declaración de los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo del 3 de diciembre de 2002 y del exedil del área, Norberto Plasencia. Asimismo, plantea que se llame a los anteriores dueños de la vivienda también en calidad de testigos y que se aporte copia autentificada del expediente, los informes y del pago de los impuestos.