Un sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), hecha pública ayer por el miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y jefe de sección del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), Miguel Guerra, condena a la Comunidad Autónoma a "cesar" cualquier práctica o actitud atentatoria contra la dignidad profesional del denunciante, el propio Guerra, y a indemnizarlo con 20.000 euros en concepto de "daños morales".

El fallo del TSJC, consecuencia de una denuncia interpuesta por Miguel Guerra en 2008, reconoce ahora "la existencia de una situación susceptible de ser calificada como acoso moral en el trabajo".

Según explicó ayer el todavía consejero de RTVC, el acoso ahora reconocido por el TSJC comenzó tras ser "especialmente crítico" con el uso de la Televisión Autónomica durante las elecciones a la Presidencia del Gobierno de Canarias de 2007, aspecto que, sin embargo, no se menciona en el fallo del Alto Tribunal canario. Cabe precisar que en ese momento en el Gobierno de Canarias gobernaban en pacto Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP).

Cuadro depresivo

A juicio de Guerra, las causas del acoso al que se vio sometido y que motivaron, según detalla la sentencia, un "cuadro mixto depresivo-ansioso", se debían a diferencias de carácter "ideológico" con los responsables directos de sus funciones laborales, vinculados a CC y PP, y a su presencia en el Consejo de Administración de RTVC. Guerra, muy crítico siempre con la gestión del ente, entró al Consejo designado por CC, pero finalmente acabó recalando en Nueva Canarias (NC) -oficialmente, en enero de 2012-.

"En el cuarto oscuro"

Guerra recordó que fue en agosto de 2007, después de la entrada en la Consejería de Educación del nuevo equipo dirigido por Milagros Luis Brito y Gonzalo Marrero, cuando comenzó el intento, por parte de CC, de "joderlo" en su puesto de trabajo.

Según relató ayer, y así lo recoge la sentencia, "me tuvieron en el cuarto oscuro cerca de un año, vacío de contenidos, tareas y funciones", lo que derivó en "proeblemas serios de salud".

En este sentido, Guerra acusó de "bossing" -el fallo del TSJC recoge este concepto- contra su persona a estos exmiembros de la Consejería, término que se utiliza para designar el uso indebido de la jerarquía laboral para realizar presión a sus empleados.

El consejero de RTVC explicó que en 2008 presentó un escrito por acoso laboral a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación que fue desestimado, lo que motivó la interposición de un recurso contra esa decisión que fue estimado, en parte, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas, cuyo titular ordenó la retroacción de las actuaciones hasta la decisión de la Consejería de no admitir su escrito en mayo de 2011.

Esa decisión fue nuevamente recurrida por Guerra, y el fallo actual sí reconoce las demás reivindicaciones del también dirigente de Nueva Canarias respecto del acoso laboral e, incluso, "el derecho de adscripción al puesto de viene desempeñando o al que le corresponda conforme a la relación de puestos de trabajo y a desarrollar las funciones que le corresponden conforme a su estatuto funcionarial". Al respecto, Guerra denunció ayer en que su caso es un ejemplo de que en Canarias hay dirigentes, y no solo políticos, en el ámbito de la Administración que, a veces, hacen daño a la integridad moral y laboral de los empleados "porque los acosan". "Y estas prácticas son ilícitas", sentenció Guerra, quien animó a "denunciar" estas actuaciones.