La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ayer que "en estos días" iniciará su tramitación una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que introducirá "profundos cambios" en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos.

En su intervención en el campus de verano de la Fundación FAES en Navacerrada, la vicepresidenta insistió en que el Ejecutivo seguirá adelante con las reformas y adelantó la puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la Administración General del Estado.

La vicepresidenta dijo que la reforma institucional debe ser "a todos los niveles" y apeló a las autonomías a "reforzar los esfuerzos" para cumplir con la senda de la estabilidad y a "analizar sus propias estructuras" para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Sáenz de Santamaría insistió en la necesidad de clarificar las competencias entre las distintas administraciones y dijo que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se pondrá en marcha "en estos días". Esta reforma garantizará que los pequeños municipios puedan prestar "servicios públicos adecuados a precios razonables".

La ley de Transparencia establecerá, además, el número de concejales y los baremos de los salarios que percibirán.

También destacó el consenso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit, "un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso". Asimismo, reclamó a autonomías y ayuntamientos que sigan el proceso de reducción del sector público empresarial del Gobierno, porque "la inmensa mayoría" de las 4.000 empresas existentes depende de estas administraciones.

Respecto al sistema central de compra explicó que se encargará de celebrar los contratos y "obtener precios razonables" para la Administración del Estado.

Añadió que la unificación de la gestión de compras emprendida en algunos ministerios ya ha supuesto "grandes ahorros", especialmente en el Ministerio de Defensa.

Se refirió además al plan de gestión inmobiliaria integral del patrimonio del Estado, que, en cuatro meses, ha permitido ahorrar 17,5 millones de euros a la Administración del Estado.